Un
total de 253 licitaciones por $128 mil millones del sector construcción
han sido declaradas desiertas o revocadas en Mercado Público, entre
enero de 2020 y julio 2022.
Así
lo informó ayer la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) delegación
Punta Arenas, la cual considera como mandantes al Ministerio de Obras
Públicas, el Ministerio de Vivienda, las municipalidades, Junji, Armada
de Chile, Hospital Clínico y la Universidad de Magallanes.
De estas, 51 son obras “grandes”, es decir, de más de $300 millones, que en conjunto significan $112.859 millones.
De
las 253 licitaciones, 196 no tuvieron oferentes y 57 sí tuvieron
oferentes, pero están fuera de base (presupuesto elevado, no cumple con
los requisitos de licitación, documentación, plazos, etc.).
Carlos
Braun, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas,
explicó que “hemos visto alzas en los precios de materiales como el
hormigón, petróleo, hierro, acero, madera y otros productos metálicos,
los cuales han experimentado alzas anuales que van entre un 35% y 40%.
Dependiendo del tipo de obra, estos insumos pueden representar entre el
50% y 60% de los costos totales y una variación promedio del 20% del
costo global del contrato”.
Agregó
que “una parte muy sustantiva de las obras en ejecución corresponde a
obras, viviendas e infraestructura públicas que son parte de las
carteras de organismos públicos. Y en este caso se evidencia una
particularidad que ha hecho las cosas más complejas para este sector:
como se trata de contratos encomendados y licitados por entidades
estatales, los que no pueden ser reajustados por parte de la autoridad
bajo la normativa actual”.
Agregó
que “la rigidez del marco normativo en que se celebran estos contratos
(con mandantes como el MOP, el Minvu, el Ministerio de Educación, de
Salud, gobiernos regionales y municipios) ha impedido hacer propuestas
concretas para abordar el aumento de costos en las obras de
construcción”.
Según
explicó: “Este impedimento de reajuste está significando serias
dificultades para muchas empresas contratistas cuyo principal mandante
es el Estado. La gran mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas
que están experimentando serios problemas de caja. Además, muchas obras
necesarias para mejorar la infraestructura al servicio de las personas y
los ciudadanos están siendo suspendidas o postergadas. Esta situación
provoca también una baja en la cantidad de empleos que genera nuestro
sector”.
Braun
afirmó que “se trata de una circunstancia totalmente excepcional y
única que requiere una habilitación legal igualmente única y
excepcional. En vista de que no sería posible considerar un reajuste de
los contratos vigentes por vía administrativa, vemos que sería
inevitable considerar algún tipo de modificación legal para enfrentar la
situación. Insistimos en que se trata de una posible solución
excepcional para una circunstancia igualmente excepcional. En otros
países como España, Francia, Irlanda, Alemania, Inglaterra e Italia se
ha considerado modificaciones contractuales similares para hacer frente a
una circunstancia equivalente”.
Agregó
que han sostenido intensas reuniones con autoridades regionales (Minvu,
MOP), el municipio de Punta Arenas y todos los parlamentarios
regionales, a quienes les han planteando esta situación y propuestas
para resolverlo. “Todas las autoridades nombradas nos indicaron que se
trabajaría en ajustar los presupuestos a la nueva realidad, y esperamos
que pronto podamos ver implementada una solución como la del reajuste
extraordinario, dado que el principal problema se encuentra en los
nuevos proyectos”.