Reacciones divergentes provocó en los sectores políticos y académicos la aprobación en el Congreso Nacional de las leyes de Educación Superior y de Universidades Estatales.
A la alegría inicial de los parlamentarios oficialistas y de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, ayer surgieron voces que disienten de algunos aspectos contenidos en las normas.
Entre los que calificaron la ley como un momento histórico se encuentran los rectores del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech), que ayer se reunieron con la Presidenta Michelle Bachelet.
En la ocasión, el rector de la Universidad de Chile y presidente del Cuech,Ennio Vivaldi, declaró que la aprobación es “un momento histórico para el país, donde se reencuentra con sus universidades y existe cohesión social, bien común y la idea de igualdad de oportunidades.
Es un logro para el país”.
En la otra vereda, las universidades del denominado G9, integrado por los planteles educacionales privados del Consejo de Rectores (Cruch), que insisten que la reforma no incluye un plan de fortalecimiento similar que el de las universidades estatales, que contarán con un presupuesto de 300 mil millones de pesos con el plan de fortalecimiento que se deberá implementar en los próximos 10 años.
A esto, la ministra Adriana Delpiano respondió que “no hay un trato en desmedro. Los recursos son iguales para todas (las universidades), sólo que en esta oportunidad se determinó recursos no permanentes, sino transitorios, para mejorar las universidades estatales, sobre todo las de regiones, que están muy desmejoradas y que nunca han podido salir a flote al nivel que se las requiere”.
Cuatro nuevos pilares
El intendente de Magallanes, Jorge Flies, destacó ayer, acompañado del rector (s) de la Universidad de Magallanes (UMAG), Dr. José Maripani, la aprobación en el Congreso Nacional de dos leyes que a su entender completan la Reforma Educacional.
“Dentro de lo que ha sido una reforma amplia, con más de 29 leyes aprobadas, destaco en el ámbito de la educación superior que tenemos cuatro nuevos pilares que van a cambiar la manera de ver la educación estatal en el futuro.
Se crea una Subsecretaría de Educación Superior; una Superintendencia de Educación, que en entre otras cosas vigilará que los recursos del Estado se inviertan en la educación superior y no sirvan de lucro, que es un tema fundamental; tercero, un ámbito de calidad, con una acreditación obligatoria, por al menos cuatro años en todos los establecimientos de educación superior.
Por último, en esta ley se consagra la gratuidad, que transitará a la universalidad desde lo que está aprobado por ley, que hoy cubre al 60 por ciento de los grupos más vulnerables, pero en la medida que el país vaya avanzando podrá mirar como objetivo la universalidad de la gratuidad”.
Modelo participativo
En tanto, el vicerrector académico de la UMAG, Dr. José Maripani, quien está subrogando a Juan Oyarzo en el cargo de rector, manifestó que con la nueva ley se avanza hacia un modelo de universidad del Estado que es participativo, “porque en este caso lo que nosotros reconocemos como estamentos de la universidad (académico, no académico y estudiantil) van a tener derecho a participar, tanto en la gobernanza como en los procesos académicos de la institución”.
Acerca de la posibilidad de ampliar en un 10 por ciento la oferta académica si así requiere, Maripani explicó que “lo que ocurre en las regiones extremas es complejo porque no tenemos más población, lo que sí ocurre en otras zonas densamente pobladas.
En la nuestra es muy difícil poder incrementar el tamaño de la universidad en el tiempo. En ese contexto, tal vez debemos apuntar a la calidad y a mejorar las condiciones de vida de nuestra comunidad”.
Respecto de los recursos que llegarán a la UMAG tras la aprobación de la ley como un aporte a su fortalecimiento, puntualizó que “es un proceso de más largo plazo, se habla de varios años para que esos recursos lleguen, pero sin lugar a dudas irá en directo beneficio de nuestras comunidades”.