Ante
la grave situación que obligó a trasladar las funciones del edificio
del Cecosf Sandra Vargas, debido a la decantación de residuos y aguas
servidas provenientes de campamentos del sector, la Municipalidad de
Punta Arenas recurrió a la justicia en representación de la Junta de
Vecinos N°35 Raúl Silva Henríquez, dando cuenta de “omisiones ilegales”
de la Seremi de Salud para abordar este problema.
Según
explicó el abogado del municipio, Michael Furniss, “frente a esto los
vecinos han hecho sus reclamos con justa razón. Hubo reuniones tanto de
la Municipalidad como de la Seremi de Salud y la Delegación Presidencial
y, para ser justo, existe voluntad por parte de las autoridades de
solucionar esta problemática. Sin embargo, las soluciones que se
propusieron en su momento, a juicio de los vecinos, resultaron
completamente insuficientes y, además, requerían de un plazo mayor para
su implementación”. Añadió que, “en dicho contexto, los vecinos le
solicitaron apoyo al alcalde Claudio Radonich para efectos de presentar
un recurso de protección”.
Dicha
acción fue interpuesta contra de la Seremi de Salud, alegando conductas
omisivas de sus facultades legales. Ante ello, la Corte de Apelaciones
acogió este recurso de protección y ordenó a la Secretaría Regional
Ministerial de Salud adoptar determinadas medidas. “Lo que se señaló es
que esto es una competencia de la Seremi de Salud por ser una situación
sanitaria que genera un peligro en la población, problemática que no
solo afecta al derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación,
sino que además perjudica la integridad psíquica y física de las
personas que viven en este entorno”, enfatizó Furniss.
Plazo de 90 días
Para
concluir, el abogado señaló que “considerando además que estos
campamentos están en una situación irregular, en donde no existen
conexiones de alcantarillado ni de agua potable, en definitiva, la Corte
de Apelaciones ordenó a la Seremi de Salud en un plazo de 90 días,
desde que la sentencia quede firme, elaborar un plan de acción con
medidas concretas en conjunto con la Superintendencia de Medio
Ambiente”.
En
este sentido, Elena Blackwood, secretaria general de la Cormupa,
explicó que hace varios meses a raíz de una denuncia que presentó la
Confusam, la Seremi de Salud ordenó un sumario sanitario y, finalmente,
el municipio debió trasladar el Cecosf
Sandra Vargas hacia un recinto nuevo para poder seguir prestando las atenciones.
“La
verdad es que esta situación es como un mundo al revés, porque nosotros
fuimos los principales afectados en todo esto, que redundó en los
vecinos molestos por esta situación, por lo que tuvimos que tomar las
medidas de salir de este sector y asumir todos los costos que esto ha
significado. Por lo tanto, con este fallo, estamos viendo que aquí hay
responsabilidades de autoridades que van a tener que tomar medidas de
esta situación y, ojalá, poder dar una solución en el plazo que se
estipula”, sostuvo la jefa de la Corporación Municipal.
Seremi de Salud
Por
su parte de la seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, señaló: “Hemos
tomado conocimiento del fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas
y nos encontramos analizando el documento y preparando las respuestas
desde las atribuciones que nos competen como autoridad sanitaria. Es
importante destacar que esta problemática en el sector de la población
Silva Henríquez se origina ya hace más de ocho años, en que se han ido
instalando progresivamente familias en terrenos particulares y que no
han contado con ningún tipo de autorización o permiso, por ejemplo, de
edificación de la municipalidad. Por supuesto, no cuentan con
autorización sanitaria de sus sistemas de alcantarillado”.
En
ese contexto, la seremi de Salud indicó que “como autoridad sanitaria
hemos realizado una serie de inspecciones al sector, que han determinado
informes y sumarios sanitarios y que, a su vez, han sido fundamentos e
insumos para las acciones que se han determinado en la mesa liderada por
la Delegación Presidencial Regional para abordar esta problemática”.