Una investigación periodística de EMOL
reveló que la Región de Magallanes lidera por lejos, la investigación
de malversaciones o fraudes al Fisco, entre 2013 y 2018, a nivel
nacional.
Basados
en información del Ministerio Público y la Ley de Transparencia, el
informe reveló que el total de formalizados por este delito en la región
más austral del país, alcanza a 846 personas, seguido muy atrás por la
Región Metropolitana con solo 261, cifra que resulta sorprendente
atendido el tamaño de la población,
El
motivo de aquello, explicó ayer el director ejecutivo de la Fiscalía
Regional, Danilo Huilcarema, es que la gran mayoría de estas
formalizaciones corresponde a alguna de las ocho causas que se siguen
por la investigación del llamado “Pacogate”, es decir, la investigación
de casi 28 mil millones de pesos defraudados de las arcas fiscales
presuntamente, por una red de altos oficiales de Carabineros. “Como esa
investigación la lleva a cabo el fiscal Eugenio Campos, todas las
formalizaciones realizadas quedan registradas en la Fiscalía de
Magallanes, independientemente, que las personas sean o no de la
región”, dijo Huilcarema.
El
director ejecutivo de la Fiscalía Regional explicó que el número de
formalizaciones se refiere a los delitos investigados, por lo que una
persona puede aparecer formalizado en una o más de estas ocho causas que se están investigando, lo que significa que el número de procesados es menor.
Aún
así, esfuerzo que se debe realizar, a nivel local, es enorme pues si
bien, la investigación se inició en Magallanes, esta se ve en los
tribunales de Santiago. “Hay un equipo de siete personas de la región
que viaja constantemente a Santiago a participar en el desarrollo de las
investigaciones junto a otro equipo de la Fiscalía Metropolitana, todo
lo cual es encabezado por el fiscal Eugenio Campos”, señaló.
De hecho, hasta ahora no hay ningún condenado por estos delitos y recién a comienzos de marzo se presentaron
las primeras tres acusaciones. “Todavía falta iniciar la preparación
del juicio oral, realizar juicios abreviados si corresponde y luego los
juicios orales respectivos que podrían tardar de seis meses a un año
cada uno”.
Seremi de Justicia
El
seremi de Justicia, Fabián Mella, declaró que “más allá de los
eventuales delitos cometidos, a la larga aquí se busca cautelar los
recursos públicos, siendo la probidad, eficiencia, eficacia y la
transparencia principios fundamentales que rigen la función pública, y
que ante situaciones como éstas se busca fortalecer y afianzar”, indicó.
Pedro Escobar.