Con el propósito de destrabar el conflicto salarial que se arrastra desde inicios de año, dirigentes de las tres asociaciones de los asistentes de la educación de la Región de Magallanes viajaron a Santiago para sostener una reunión con la Contraloría General de la República para exigir una resolución formal y definitiva respecto del 40% de sus sueldos que les adeudan desde febrero. Los montos corresponden a los convenios colectivos establecidos con las corporaciones municipales previo al traspaso del sistema de la educación pública.
La comitiva agrupa a la Asociación de Funcionarios Asistentes de la Educación de Magallanes (Afamag), a la Asociación de Funcionarios de la Educación Municipalizada de Punta Arenas (Afadepuq) y a la Asociación de Asistentes de la Educación de Puerto Natales.
Desde las organizaciones enfatizan que este monto no corresponde a un beneficio duplicado ni a una asignación extraordinaria sujeta a cuestionamiento legal, sino a un concepto adquirido que forma parte estructural de sus contratos.
“Queremos dejar en claro que el 40% en cuestión no corresponde a una duplicidad de asignación, sino que constituye un componente de nuestro sueldo base, cuyo pago se dejó de efectuar desde febrero de este año. Desde entonces, nuestros funcionarios han permanecido a la espera de un pronunciamiento de Contraloría que permita esclarecer y resolver esta situación”, declararon en conjunto las directivas a través de una declaración pública.
Los dirigentes de las tres asociaciones sostuvieron que los meses transcurridos sin un dictamen por parte del órgano de control han mermado gravemente la estabilidad económica de los hogares afectados, en un contexto regional marcado por el alto costo de la vida. Asimismo, remarcan que la movilización no persigue un incremento presupuestario arbitrario, sino el restablecimiento del salario íntegro que percibían de manera regular.