Pobladores de Villa Las Etnias advierten resistencia ante inminente desalojo en Punta Arenas

Este 19 de octubre vence el plazo de salida voluntaria fijado por la autoridad antes del desalojo forzoso programado para el 26 de octubre. Las 72 familias del sector confirmaron que mantendrán la ocupación y exigen una solución habitacional.

Una compleja jornada se vive en la toma Villa Las Etnias de Punta Arenas al cumplirse este lunes 19 de octubre el plazo para la salida voluntaria del terreno, marcando la cuenta regresiva para el desalojo forzoso previsto para el próximo 26 de octubre.

Frente a este escenario, las 72 familias que residen en el asentamiento confirmaron que mantendrán la ocupación del predio y resistirán el eventual uso de maquinaria pesada. Los dirigentes vecinales precisaron que no buscan obtener viviendas gratuitas ni alterar las prioridades de asignación, sino avanzar en los procesos de postulación formal iniciados en 2023 con sus libretas de ahorro al día, denunciando que el Serviu paralizó las gestiones y cerró los canales de diálogo.

La presidenta del comité de vecinos, Mónica Rivera, criticó el accionar institucional señalando que “Serviu solo vino a dejar el desalojo con Carabineros, PDI y la prensa. Antes venían amenazando a la gente con que venían las máquinas atrás. Aquí tenemos 72 familias que no van a salir hasta que nos den una solución. No hemos podido dormir por la incertidumbre; si nos va mal, ingresaré otro cese al desalojo, porque ¿dónde vamos a ir? ¿Nos quieren ver con carpas en la Plaza de Armas? De aquí no nos vamos a mover y estaremos hasta las últimas consecuencias”.

Aclaraciones ambientales y reunión clave

En el ámbito ambiental y sanitario, la dirigencia desmintió las acusaciones sobre episodios de contaminación hacia la colindante Población Silva Henríquez. Desde el sector aclararon que el curso de agua que atraviesa la villa corresponde a una vertiente natural y que los colapsos de aguas servidas provienen de la toma Lautaro, contando ellos con fosas sépticas domiciliarias. Asimismo, denunciaron que personas externas utilizan el área para instalar microbasurales y abandonar canes.

La tensión social escala en medio de un escenario comunal marcado por el desempleo y el alto costo de los arriendos, los cuales superan los 500 mil pesos mensuales en la capital regional. Frente al vencimiento del plazo, autoridades del Serviu y del Minvu Magallanes sostendrán una reunión decisiva para definir los pasos a seguir respecto al desalojo, mientras los pobladores ratificaron que permanecerán movilizados en el lugar.

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