Las 15 agrupaciones que componen la Mesa del Sector Público iniciaron ayer un paro nacional por 48 horas, como medida de rechazo a la propuesta de reajuste salarial emanada desde el Gobierno.
Los trabajadores solicitan un aumento de 7,5%, mientras que el Ejecutivo ofrece sólo un 3%. A pesar de las seis reuniones que han sostenido con el Ministerio de Hacienda, no ha habido avances.
Las distintas agrupaciones han sido claras en sostener que no cederán y que seguirán exigiendo a las autoridades un sueldo donde no se pase a llevar a los funcionarios.
Pese a que diversos organismos pertenecientes al sector público paralizaron sus funciones en su totalidad, el Registro Civil operó con turnos éticos a nivel regional,
A pesar de la paralización de las funciones por parte del sector público en Punta Arenas, trabajadores de algunas entidades como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y organismos del Gobierno como el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernam); realizaron turnos de atención inmediata con el fin de otorgar información a la ciudadanía para lo que estime correspondiente, sin embargo no se llevó a cabo el funcionamiento de sus departamentos en su totalidad, exceptuando el Registro Civil, quien operó con total normalidad.
La coordinadora regional de la Mesa del Sector Público (MSP), Claudia Díaz, señaló que “lo que hoy día nos ha planteado el Gobierno es un 3% sobre un 7,5% que nosotros estamos pidiendo como funcionarios públicos. Esto es nada más que un retroceso con respecto de la negociación del año pasado. Lo que nosotros aspiramos es a mantener el poder adquisitivo, y con las cifras que el Gobierno está entregando ni siquiera podemos lograr mantener ese poder adquisitivo”.
Por su parte, Mónica Álvarez, vocera de la mesa del sector público de Magallanes, señaló que “emplazamos al intendente de Magallanes, Jorge Flies, a dar respuesta a la carta que le enviamos aproximadamente hace un mes, donde se le solicitó gestionar ante el Ministerio de Hacienda que se elimine la asignación de zona de la línea de corte para el pago del bono anual de 120 mil pesos por lo que tanto hemos luchado los funcionarios públicos de esta región, y de esta forma se honre la palabra empeñada por el ejecutivo en que este bono excluía la asignación de zona”.
En tanto, Carlos Haro, representante de la Central Unitaria de Trabajadores provincial, manifestó que “lamentablemente vemos cómo cada año el gobierno juega al desgaste y desesperanza de los trabajadores, y a su vez, de manera perversa, pretende desprestigiar y deslegitimar el proceso negociador ante la ciudadanía. En este sentido, manifestamos que cada movilización y expresión de unidad y lucha de los trabajadores representa el justo derecho de reivindicación remuneracional y mejores condiciones laborales”.