Diversos
partidos de oposición rechazaron ayer la medida del gobierno de
intentar gradualmente una vuelta a la normalidad en medio de la
cuarentena selectiva que existe en el país. Acusan que el Gobierno
sorprende con un llamado inaudito a volver “gradualmente” a la
normalidad, aplicable a diferentes esferas como la administración
pública, centros comerciales, establecimientos educacionales, todas
ellas propensas a aglomeraciones.
La
misiva fue firmada por los partidos Socialista, Radical, Democracia
Cristiana, Partido por la Democracia y Convergencia Social. “Lo grave es
que esto se decide en un momento de gran incertidumbre y sin esperar a
que la curva de contagio esté en una fase de descenso que indique que el
Covid-19 está en retirada. La medida no tiene lógica sanitaria, y es
contraproducente a todos los esfuerzos desplegados hasta ahora con el
objetivo de aplanar la curva: contradice el mensaje de permanecer en
casa y a circular lo menos posible; poniendo en riesgo los objetivos de
fondo, que son disminuir la frecuencia de contagio, evitar el colapso
del sistema hospitalario por la atención de casos graves y, lo esencial,
reducir la mortalidad de compatriotas a causa de esta enfermedad. En
este contexto, la medida del gobierno constituye una irresponsabilidad
política de grandes proporciones”, dice la misiva.
Además,
los partidos opositores hacen mención a que en diversos lugares
públicos hoy no cuentan con las condiciones para brindar una atención
adecuada, la que hoy exige adicionalmente, restricciones de proximidad y
contacto; y tampoco se dispone de medios o insumos suficientes para
asegurar una correcta prevención.
Los
partidos exigen “retrasar la implementación del “plan retorno gradual” y
se deponga todo relato normalizador, hasta tener evidencia que la
cadena de contagio va en franca disminución. También demandan una ley
especial con suma urgencia para ir en auxilio directo de los
trabajadores sin contrato laboral, por cuenta propia, e independientes
que alivie los efectos de la crisis en sus familias y hogares.
Finalmente, exigieron una fiscalización rigurosa a la implementación de
la ley de protección al empleo; velando para que no se convierta en
objeto de abusos y trampas de empresas que pueden mantener a sus
trabajadores, sin necesidad de apoyo estatal.