Fueron 72 días de complicaciones. De principio a fin, el proceso de licitación del nuevo contrato para la recolección de basura domiciliaria y la limpieza de las aceras de Punta Arenas, resultó ser una seguidilla de errores y conflictos, lo que atrajo confrontación y cuestionamientos en el mundo empresarial y político, y que concluyó con que no se adjudique a ninguno de los tres oferentes en competencia. Las empresas postulantes eran Starco, Servitrans y Áreas Verdes.
Una lapidaria evaluación hizo la comisión encargada de ponderar el multimillonario proceso, según el escrito evacuado en la séptima reunión de los profesionales del municipio local, la revocación solicitada al alcalde subrogante Claudio Flores, -ya que el edil titular Emilio Boccazzi se encuentra en Filipinas-, está basada en que las bases de la licitación son ilegales, no aseguran la igualdad de los oferentes y no tuvo el acompañamiento legal que requiere un proceso que pretende dejar en manos de privados más de 2 mil millones de pesos por año.
Tal como lo adelantó ayer Pingüino Multimedia en exclusiva, la comisión conformada por el director de Obras Públicas, Alex Saldivia; la directora de Servicios Generales, Claudia Delich; el veterinario de la Dirección de Aseo y Ornato, Jorge Stambuk; y el administrador municipal subrogante, Sergio Becerra, con fecha 16 de febrero oficializó en un documento, las irregularidades que conllevaron a revocar la adjudicación del contrato de la basura. Cabe destacar, que las conclusiones entregadas por escrito, venían siendo analizadas y presentadas desde las reuniones que la comisión tuvo durante enero y febrero, incluso las objeciones fueron compartidas por otros miembros que actuaron en calidad de subrogantes.
Los profesionales entregaron un documento dirigido al alcalde subrogante y es quien debería determinar los pasos a seguir en este proceso, mientras el alcalde oficial no está.
Silencio
El proceso de licitación iniciado el 4 de diciembre del año pasado provocaba dudas y cuestionamientos con respecto de la evaluación de las ofertas presentadas, y también estos resquemores aparecían en la interpretación de las bases, lo que derivó que la comisión busque asesoría jurídica en los abogados del municipio, unidad encabezada por Rodrigo Henríquez. La petición de apoyo recibió respuesta en las primeras consultas realizadas por los evaluadores, pero según ellos describieron, a las consultas posteriores le siguieron sólo silencio. La comisión esperó los pronunciamientos de los correos enviados los días 4, 8 y 15 de febrero, misivas que no fueron contestadas por los asesores, situación que fue detonante en la revocación del proceso, ya que un contrato de esta envergadura, suponía un acompañamiento completo. Incluso, las peticiones de aclaración versaban ya a principios de este mes, sobre resolver la revocación de la licitación.
A fines de diciembre en la etapa de contestación de las preguntas a los oferentes, la falta de claridad en las respuestas por parte de los jurídicos, provocó también la molestia de los empresarios interesados en la millonaria concesión.
No a la interpretación
Tajante fue la decisión de la comisión, respecto de la aplicación del artículo 9 de la licitación sobre la aplicación del criterio “Experiencia”, ya que se vieron en la imposibilidad de aplicar el ítem, por cuanto implica interpretar la fórmula y establecer un promedio de los datos presentados, “lo cual no corresponde por cuanto el criterio de evaluación no puede ser objeto de interpretación, de manera que no perjudique a ninguno de los oferentes y no vulnerar el principio de igualdad de los oferentes”, se lee en el oficio.
El artículo 9 inciso D del documento de licitación, fue desde un principio la piedra de tope de las bases, ya que indicaba que se valoraría con 15 puntos, la experiencia del oferente y textualmente: “la experiencia del oferente se evaluará en función del monto del total en pesos chilenos de los contratos en ejecución o ejecutados, en los últimos 5 años (contados desde el acto de apertura hacia atrás)”, la comprobación debe darse en los rubros de transporte, logística y recolección de residuos domiciliarios. “Para determinar la equivalencia de los contratos de los distintos oferentes se utilizará la suma de todos los contratos en que demuestre participación, de acuerdo al monto de los contratos”, con ello los empresarios regionales o que se han adjudicado contratos de menor cuantía, vieron menguadas sus posibilidades de participar en el proceso, calificando el hecho como ilegal y arbitrario.
Ilegal
La comisión también solicitó que se requería realizar estudios de títulos de cada sociedad participante, para verificar el cumplimiento del artículo 6.1 de las bases administrativas, para ello se necesitaba la asesoría jurídica, petición que se hizo vía mail el 1 de febrero a los abogados del municipio.
El artículo 5 de las bases administrativas resulta ilegal para los evaluadores, ya que este dice que podrán participar de la propuesta pública, promocionadas en www.mercadopublico.cl, las personas naturales o jurídicas, nacional o extranjera que se encuentren registradas en ese portal o en www.chileproveedores.cl, y que tengan experiencia en los rubros de transporte, logística, recolección de basuras o similares, de al menos 5 años”, requisito totalmente opuesto a lo establecido por la normativa vigente, en cuanto no deben establecerse restricciones para los postulantes, salvo los establecidos en el artículo 4 de la Ley 19.886 sobre compras públicas.
Otra de las objeciones presentadas, es que las bases no aseguran una actuación imparcial frente a los oferentes y que en ellas no se clarifican aspectos del servicio que se solicita, lo cual lleva a la duplicidad de información y a la evaluación confusa.
Por todo ello, los evaluadores municipales solicitaron la revocación de la licitación pública, y que se instruya al departamento de asesoría jurídica la redacción de un decreto para iniciar un nuevo proceso de licitación a la brevedad, ya que el contrato del actual adjudicatario Servitrans, culmina el 1 de mayo.
La comisión respalda el oficio con las 7 actas de las reuniones, los correos emitidos a los asesores jurídicos y que fueron motivo de discordia por no recibir respuesta y los decretos alcaldicios Número. 70 de fecha 11 de enero y del Número 350 del 10 de febrero.