La presidenta regional del Colegio de Profesores, Flor Oyarzo Paredes, demandó esta semana en juicio laboral para que se reconozca su derecho a la titularidad y docente y se le indemnice el daño moral en $ 10 millones.
Los perjuicios, argumenta, fueron provocados por la demora en un pronunciamiento claro por parte de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), la dilación en la suscripción del contrato de trabajo y el desconocimiento a ser reconocida como docente titular en la dotación comunal.
El pleito amenaza con masificarse dada la gran cantidad de profesionales de la educación que fueron notificadas en titularidad y a la cual con posterioridad se le desconoció lo que ellos describen como un derecho.
Desde la Cormupa, se ha manifestado que esto es consecuencia de la demora en la interpretación de la ley y los distintos criterios que han existido en esta materia. Así lo informó en el recurso de protección interpuesto por la propia demandante Flor Oyarzo, y que está perdió por dos votos contra uno, donde el voto mayoritario estimó que la situación debe resolverse por el Tribunal Laboral competente.
El abogado Javier Solís Uribe, que patrocina la causa, manifestó que confía en un resultado favorable para su representada y que esta es la vía judicial apropiada para profesionales de la educación que tengan dudas o que estén pendientes de un pronunciamiento claro y definitivo de la Cormupa. Agregó que no se puede seguir manteniendo en la incertidumbre a los docentes que por años han esperado una respuesta, existiendo gran expectativa en el sector.
“Las acciones realizadas en favor de Oyarzo Paredes son la antesala para el ejercicio de los derechos de los profesionales de la educación que se han sentido postergados en el reconocimiento de sus derechos y que, a pesar de la claridad de lo estipulado en la norma, la Cormupa ha pretendido buscar interpretaciones que no corresponden”, comunicó el profesional.