En el marco del debate sobre el Presupuesto Nacional y las finanzas regionales, autoridades del sector económico e institucional abordaron las proyecciones financieras para la zona, el estado de vigencia de normativas clave y los desafíos en materia de inversión pública y crecimiento regional.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la exención del pago de contribuciones de bienes raíces para adultos mayores en su vivienda principal, cuyo impacto directo se materializará a partir del próximo año. “Estamos muy esperanzados en que la ejecución de estas leyes traiga beneficios directos a las personas y fomente la inversión en el país hacia 2027”, indicaron las autoridades.
Análisis del Presupuesto Regional
Frente a las inquietudes planteadas sobre posibles recortes en los recursos destinados al Gobierno Regional, se aclaró que las estimaciones previas que hablaban de una reducción del 25% no son efectivas.
Actualmente, el presupuesto asignado para la región bordea los 84.000 millones de pesos, lo que representa una disminución real aproximada del 7,4% en comparación con el periodo anterior. No obstante, se enfatizó que el diseño presupuestario busca premiar la eficiencia en la ejecución gasto público:
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Mecanismo de reasignación: Si el Gobierno Regional logra ejecutar al menos el 50% de sus recursos asignados al cierre del primer semestre, podrá acceder a una reasignación presupuestaria que permita equiparar los montos históricos.
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Fondos especiales y zonas extremas: A la cifra base se irán sumando durante el transcurso del año los aportes provenientes de la Ley de Zona Franca y del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el cual contempla una bolsa de cerca de 70.000 millones de pesos a los cuales la Región de Magallanes busca acceder prioritariamente.
Prioridades del debate parlamentario y responsabilidad fiscal
En el marco de la discusión que hoy se lleva a cabo en las comisiones y subcomisiones del Congreso Nacional, se busca conciliar el crecimiento nacional proyectado en un 1,5% con la responsabilidad fiscal. Se remarcó que una de las prioridades del Ejecutivo es contener el déficit público heredado (estimado en un 2,8% del PIB, equivalente a cerca de 10.000 millones de dólares) para garantizar la continuidad y sostenibilidad de beneficios sociales clave, tales como la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Asimismo, las prioridades del gasto en la región se focalizarán en atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad, generación de empleo, reactivación del crecimiento e inversión pública.