La Municipalidad de Punta Arenas ocupa el segundo lugar en un listado de los municipios más demandados en el país ante los tribunales de justicia por la deuda que mantiene con los profesores por la Subvención de Admisión Especial (SAE), con 851 denuncias por más de $ 2.405 millones.
De acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), son 120 municipios los demandados, por lo que anunció que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado, pues sostiene que esa deuda no existe y que los montos exigidos, en su mayoría, ya fueron cancelados.
Consultado respecto de esta situación, el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Segundo Álvarez, corrigió la cifra entregada y dijo que “son como $ 4.000 millones. Lo que pasa es que es una parte ya salió ejecutada, pero la otra está en proceso”.
Álvarez explicó que “lo que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades al recurrir al Consejo de Defensa del Estado (CDE), es una política que recién están adoptando, pues se dieron cuenta de que eso era lo que tenían que hacer”.
Cada alcalde responde
Respecto de lo que ha planteado la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en el sentido de que a cada alcalde le correspondería probar que el bono SAE fue pagado, Álvarez puntualizó que “es una política que adoptó el CDE, que ha estado llamando a las municipalidades, a nosotros también, para hacer peritajes. Entonces, recién se dieron cuenta de que estaba mal pagado, que era para los colegios subvencionados y se tomó como que era para todos”.
El secretario de la Cormupa agregó que “hace mucho tiempo se debería haber tomado alguna medida o haber hecho alguna aclaración, pero nunca pasó nada y ahora sí se están preocupando y por eso interviene el CDE”.
Álvarez precisó que “cuando un ente estatal está tomando cartas en el asunto, lo hace por todos. Nosotros no podemos actuar separadamente cuando el CDE está planteando una política de Estado. No obstante, efectivamente existe una dualidad que debe ser resuelta”.
Doctrina
La doctrina de los tribunales de justicia en el último tiempo ha sido acoger las demandas de los profesores, que según la AChM no se ciñen a lo determinado por la Contraloría, “que revisó cada uno de los procesos y determinó que se ajustaban a lo exigido por el ministerio (de Educación), por lo cual este pago se considera efectuado”, precisó el presidente de la AChM, Felipe Delpín.
“Sin embargo, los tribunales de justicia han desestimado el dictamen de forma errada, provocando una crisis económica y humana en los municipios. Por eso hemos decidido interponer ante el CDE acciones legales para revertir los dictámenes de los tribunales de justicia, que no se ajustan a derecho y a lo ya dictaminado por la Contraloría”, declaró Delpín.
Colegio de Profesores
Ante la decisión de los alcaldes agrupados en la AChM de acudir al CDE, el Colegio de Profesores de Chile, a través de su presidente, Mario Aguilar, manifestó que “al Consejo de Defensa del Estado se recurre cuando hay situaciones en litigio, y éste no es el caso”.
Aguilar concluyó que “los fallos están consistentemente actuando a favor nuestro y lo que tienen que hacer los alcaldes es procurar recursos para resolver este tema lo más pronto posible”.