“Con
sorpresa”. Esa fue la reacción de Claudio Radonich, alcalde de Punta
Arenas, al informe de Contraloría que identificó que la municipalidad
que él lidera era una de las líderes de todo el país que entregaron
licencias a deudores de pensiones de alimento (junto con Antofagasta, La
Granja, Lo Espejo, La Serena y Arica).
De
acuerdo al informe de Contraloría, entre noviembre de 2022 y diciembre
de 2024, el periodo revisado, la municipalidad entregó 112 licencias a
personas que se encuentran en el Registro Nacional de Deudores de
Pensiones de Alimentos.
De acuerdo a informe de la entidad fiscalizadora, la responsabilidad es del funcionario a cargo del trámite.
La
reacción completa de Radonich fue: “Con sorpresa nos hemos informado de
esta investigación del órgano contralor de todas las municipalidades
con esta ley que lleva un par de años y que obliga que el test moral que
tiene cada persona que renueva su licencia de conducir se informe si es
deudor de pensión de alimentos”.
La
máxima autoridad de la capital regional aseguró que la acción (o
inacción) que llevó a este vergonzoso escenario “se corrigió y eso ya no
pasa”: “Hay una situación que se está investigando y por eso hemos
decretado, con fecha de hoy (jueves 27 de febrero) cuál fue la razón y
cuáles son los números reales (…) Espero que sea rápido (el sumario)
para determinar las responsabilidades sobre una ley que debe cumplirse,
como siempre lo hacemos en la municipalidad de Punta Arenas”.
Por
su parte, Marcel Bermúdez, director de Tránsito de Punta Arenas, apuntó
a que “partiendo (la implementación de) esta ley, nosotros no teníamos
completo acceso a este registro nacional de deudores y por tanto, tal
como sindicaba el alcalde, está en investigación para revisar todos los
detalles”.
Informe
La
Contraloría señaló que la responsabilidad de que esto ocurra recae en
el funcionario a cargo del trámite, quien debe verificar si el
solicitante figura en el Registro.
Otro
dato fue que 65 funcionarios de las distintas municipalidades de todo
el país obtuvieron sus licencias, a pesar de estar inscritos como
deudores. A ellos se sumaron otros 482 deudores que son familiares de
empleados municipales en las comunas donde obtuvieron sus licencias.