Un total de 106 funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas no están siendo considerados en el traspaso a los Servicios Locales de Educación.
La situación se conoció ayer durante la tarde y fue confirmado por el alcalde Claudio Radonich y la autoridad de la Cormupa, Elena Blackwood, iniciándose de inmediato las gestiones para que se aclare una decisión que a juicio del jefe comunal “hasta el momento no tiene un fundamento claro”.
El tema está siendo revisado tanto por la Cormupa como por el SLEP, ya que retrata de una resolución de la Dirección de Educación Pública, que cuestionó el traspaso de estas personas que son parte del listado enviado dentro del proceso.
“Aquí se ha ido evaluando caso a caso y no sabemos detalles del resultado final y del por qué se adoptó esta decisión respecto de estos funcionarios”, indicó la secretaria general de la Corporación Municipal, Elena Blackwood.
Por su parte, el alcalde Claudio Radonich lamentó la situación, señalando que espera que en las reuniones que sostendrá con las autoridades de la subsecretaría y ministerio durante las próximas horas se pueda tener una aclaración al respecto, agregando que “ojalá sea una decisión preliminar que pueda subsanarse y que, al menos, se puedan conocer argumentos y criterios claros que justifiquen la medida o nos permitan efectuar gestiones para revertir la decisión”.
La autoridad municipal, agregó que “esto sorprende, porque nos encontramos con una resolución que hasta el momento parece no tener fundamento alguno. Además, hay que aclarar que esto no es responsabilidad nuestra, porque luego de la presentación que hicimos sostuvimos desde octubre reuniones donde jamás se hizo observación alguna. Por eso, nos parece que si hoy esto es así, no existe fundamento alguno para una decisión que pueda afectar a estos 106 funcionarios”.
Radonich agregó que sólo resta esperar que la situación pueda dilucidarse en las próximas horas, de tal manera de entregar tranquilidad a quien pudieran verse afectado por esta decisión o se puedan efectuar las gestiones necesarias para revertir una decisión negativa para dichos funcionarios.