En el marco
de la implementación de la Ley 20.920 también conocida como Ley Rep, se publicó en el Diario Oficial el “Anteproyecto de Decreto Supremo que
establece metas de recolección y valorización y obligaciones
asociadas a envases y embalajes”, normativa que permitirá aumentar cinco veces
el reciclaje de estos residuos.
El Seremi Eduardo
Schiappacasse informó que con esta normativa se imponen de manera gradual metas
de reciclaje de los envases y embalajes hechos de plástico, vidrio, metal, tetrapack,
papel y cartón. “En la implementación de la Ley Rep ya avanzamos fijando las
metas de recolección y valorización de los neumáticos fuera de uso y hoy
estamos avanzando con el segundo producto prioritario que son los envases y
embalajes. El Decreto Supremo se encuentra publicado y en proceso de consulta
ciudadana por 30 días hábiles, esto significa que nos estamos preocupando por
los envases y embalajes en que vienen los productos que compramos en
supermercados o tiendas. El primer paso fue la eliminación de las bolsas
plásticas durante el 2018 y hoy nos estamos acercando a un Chile más limpio que
avanza hacia una economía circular”, indicó.
Las metas
permitirán al país pasar del actual 12,5% de reciclaje de envases y embalajes
domiciliarios a un 60% de estos elementos el 2030, equivalente a los países
desarrollados. El decreto también establece metas específicas para cada
material: Cartón para líquidos o tetrapack (60%), metal (55%), papel y cartón
(70%), plásticos (45%) y vidrio (65%). Para los residuos industriales, la
obligación será del 70%.
Nueva forma de recolección de residuos
Para
alcanzar estos niveles, el decreto establecerá un esquema definitivo de
recolección domiciliaria de los residuos reciclables, es decir, puerta a
puerta, por lo que, con el tiempo, ya no será necesario ir a un punto limpio a
dejar estos elementos.
En un
comienzo, el 10% de las viviendas del país tendrán el retiro en su hogar de
productos reciclables, sin embargo, se irá avanzando en 10 puntos porcentuales
por año hasta alcanzar a una cobertura del 85% de los hogares de Chile.
Para dar
tiempo a las empresas para establecer los sistemas de gestión, entes
responsables de cumplir las disposiciones establecidas, las metas comenzarán a
regir, de forma paulatina, desde el 2022. Para quienes no cumplan, se
establecen multas de hasta 10.000 UTA, cercano a US$10 millones.