El
pasado lunes 4 de octubre el Instituto Don Bosco de Punta Arenas
suscribió la autorización para efectuar el cambio de financiamiento
compartido a gratuidad en virtud de lo dispuesto en el Artículo N° 26
inciso final de la Ley de Subvenciones.
Esto
tras la solicitud efectuada por la Congregación Salesiana para acogerse
a la gratuidad, la cual se hará efectiva a contar del año 2022, tras la
resolución llegada hace un par de semanas.
“La
Congregación Salesiana toma estas orientaciones y comienza a hacer un
análisis sobre cuál va a ser la proyección de los colegios salesianos de
Chile. Consciente de las raíces fundantes en la figura de Don Bosco,
quien partió atendiendo a los niños más desprotegidos, entonces se
determinó que no podemos ser colegios particulares-particulares,
tendríamos que ser particulares-gratuitos”, indicó el rector del
establecimiento salesiano, Luis Velásquez, en entrevista con Pingüino
Multimedia.
El
proceso de modificación fue extenso y se inició en 2017: “Cada una de
las casas de estudios tuvo que realizar una mirada proyectiva en
términos de ingresos, gastos de operaciones y educativos para ver hacia
qué año podría aproximarse a esta gratuidad. Las exigencias eran que
teníamos que ajustar nuestras economías”, apuntó.
Esto
en parte responde a los cuestionamientos recibidos el año 2017, cuando
tuvieron que efectuar reducción de personal. “Lamentablemente eran las
necesidades de ir proyectándonos a esto. Teníamos personas que hacían
mantenciones internas, pero tuvimos que externalizar las mantenciones, y
otras personas, desde el punto de vista de la función que realizaban,
podemos suplirlas con readecuación de funciones internas y para reducir
personal”, explicó Velásquez.
Además,
el estallido social de 2019, especialmente producto de los incidentes
ocurridos en la ciudad, les generó un riesgo inesperado. “Tuvimos que
hacer inversiones que no estaban contempladas”, recuerda.
Cuando
se habían estabilizado económicamente apareció la pandemia. “Tuvimos
que invertir en las mejoras de la red de internet al interior del
colegio como también mejorar los equipos computacionales para hacer
clases online. Son gastos que comienzan a aparecer”.
Como
era de suponer, la medida fue bien acogida por los apoderados, quienes
son los más beneficiados, excepto los de cuarto medio. “Se lamentaban
que no se produjo esto antes”, admite.
Todas
estas medidas apuntaban a que todas las partes involucradas al
interior del establecimiento no sean perjudicadas. “Nuestro índice de
vulnerabilidad es bastante alto. Tenemos muchas familias con necesidades
económicas. Y el dejar de pagar les permite ahorrar al menos 270 mil
pesos anuales. El otro tema clave es que no puede resentirse el proyecto
educativo y tampoco la calidad académica”, destaca el rector.
Sobre
este punto, profundiza que “el estudio económico hecho nos permite
decir que nada de lo que tenemos lo vamos a perder. Y tampoco los
beneficios a los estudiantes”.
Para
suplir algún deficit que se genere en lo económico, el Estado entregará
una subvención adicional como compensación, además de la opción de
postular a fondos sectoriales.