Los cambios de domicilio electoral no autorizados, que por estos días sacuden el mundo político electoral chileno en todo el país, ha tenido su repercusión en Magallanes.
De acuerdo con lo señalado a Diario El Pingüino por la abogada María Teresa Kuzmanic, directora regional del Servel, hubo 300 casos de magallánicos que estaban afectados por cambios de domicilio pero que fueron solucionados.
En las oficinas de calle Croacia, se recibe un promedio diario de cinco consultas de parte de personas a las que ha asaltado la duda de dónde tienen que sufragar si quisieran hacerlo.
Esas personas han sido derivadas al Registro Civil mismo, responsable de los cambios ilegales de domicilios electorales, o al Tribunal Electoral Regional (TER), a fin de que aclaren sus dudas y determinen el lugar exacto donde están inscritas.
En forma no oficial se ha establecido que hay personas que residen en Punta Arenas y que siempre votaron en esta ciudad, pero que ahora aparecen como electores en la comuna de Primavera, y que tendrían que viajar a Cerro Sombrero el 23 de este mes y emitir allá su voto para alcalde y concejales.
Esa y otras personas son víctimas de los llamados “ajustes informáticos” que afectan a miles de otros electores chilenos y cuya responsabilidad ha sido asumida por el Registro Civil, liberando al Servel del desbarajuste creado y sin que sus autores hayan sido identificados.
Las frías cifras
Un total cercano al medio millón de chilenos, mujeres y varones, quedaron fuera del padrón electoral para los próximos comicios en los que se elegirán alcaldes y concejales.
Un singular “pinponeo” o desencuentro, escrito en forma más diplomática, entre el Servicio de Registro Civil y el Servicio Electoral se extendió entre el uno de junio del año 2014 y el 24 de junio de este año.
La situación se generó en el procedimiento de renovación de cédulas de identidad y pasaportes realizados por los usuarios durante ese lapso que, en total, suma unos 25 meses, lo que no es poco.
El cruce de datos, se afirma, hizo desplazar el domicilio electoral tradicional por el domicilio residencial, sin haber sido pedido por los electores, lo cual provocó la confusión que ahora es reclamada por quienes lo ven como un impedimento para poder sufragar.
A juicio del Servicio Electoral, el origen del problema está en el procedimiento empleado por el Registro Civil en los dos últimos años y se explica así: cuando una persona concurría a renovar su cédula de identidad o el pasaporte (lo que no es barato, a la fecha), se les cambió, en forma automática merced a los sistemas informáticos empleados, pero sin consultar a esos usuarios.
Esta singular actualización de datos terminó en que, pese a que las personas daban una dirección asociada a su domicilio residencial y no electoral, el Registro Civil la informaba, curiosamente, como un cambio y modificaba el lugar de votación habitual, lo cual está considerado como ilegal.
Responsabilidad
Esta situación fue reconocida públicamente en un informe entregado a la Cámara de Diputados, a través de la respuesta a una solicitud del diputado Renzo Trisotti, de la UDI, al Ministerio de Justicia, del cual depende el Registro Civil.
El documento llegó a manos del solicitante casi tres meses después de la petición del parlamentario, puesto que el petitorio tiene fecha 14 de julio; casi un mes después, el 11 de agosto, el subsecretario lo derivó al Registro Civil; esta entidad del aparato público elaboró un informe fechado el 29 de agosto, el cual fue, finalmente ingresado a la Secretaría de la Cámara de Diputados el día 3 de octubre pasado, por suerte todo transcurrió en el curso del este año.
El oficio 65 02 lleva la firma del subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez Bytel, y en él se reitera que el problema que afecta a casi medio millón de electores que sufrieron el cambio de domicilio electoral, sin haberlo solicitado, como lo establece el marco legal vigente, se debió a “ajustes informáticos”, cuyos responsables no han sido identificados.