El
21 de abril el Juzgado de Garantía de Punta Arenas autorizó que dos
internos sean enviados a la cárcel de Valdivia, mientras que los otros
sean trasladados a Puerto Montt.
Los
reos cumplen prisión preventiva por su presunta participación en la
“Operación Confederación”, un procedimiento de la PDI que concluyó con
la mayor incautación de sustancias ilícitas en la historia de
Magallanes.
El
tribunal resolvió a partir de una solicitud de Gendarmería. Según una
investigación interna, los imputados planificaban una fuga con
armamento. Los artefactos habrían sido facilitados a través de un dron
manejado por terceras personas desde el medio libre.
El
8 de abril los gendarmes allanaron el módulo C para revisar el ducto de
ventilación que se ubica entre dos celdas 17 y 18. Constataron que las
medidas de protección y las tuberías de desagüe que conducían al techo
fueron removidas.
El
espacio intervenido permitía acceder al entretecho. Arriba se ocultaban
cinco antorchas artesanales, elementos contundentes, armas blancas
artesanales y un alambre galvanizado de 40 metros.
La
defensa recurrió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para evitar
el traslado. Alegan que la resolución es ilegal por atentar contra la
presunción de inocencia: “Gendarmería arriba a su convicción únicamente
por presumir la participación en los ilícitos por los que están en
prisión preventiva”, dice la acción.
El
recurso indica que los internos no registran faltas en el reglamento
penitenciario y que los daños del ducto de ventilación los habría
producido otro interno. También señalan que quienes fueron sorprendidos
recibiendo elementos prohibidos a través de un dron fueron otros reos.