La Fiscalía de Punta Arenas está realizando una investigación por una denuncia realizada por el funcionario municipal Emilio Aguilar, quien acusó que “una vez llegada la fecha de pago, personas que fueron ingresadas por el alcalde (Emilio Boccazzi) debían pagar un ‘diezmo’ de su sueldo”. La imputación de Aguilar señala la actuación de operados políticos al interior de la Municipalidad de Punta Arenas, quienes recaudarían los fondos que se les obligaría a pagar a personas como “favores” políticos.
Desde el interior de la municipalidad, funcionarios que pidieron reserva de su identidad manifestaron que “durante varios años y en otras administraciones siempre se nos ha pedido dinero cuando nos dan un trabajo y es una practica habitual, ya que los recursos que entregamos sirven para solventar gastos de partidos y otras cosas”.
Por su parte el concejal José Aguilante, dijo que “cuando éste funcionario hizo la denuncia en una radio vino a poner un tema que desde hace mucho tiempo se ha conocido en el municipio, pero que muchos no se atreven a denunciar. Sin embargo, esta situación es bien condenable porque viene a dar cuenta de coerción y de presión que se ejerce frente a funcionarios y que para mi ya no es un supuesto, ya que ya hay dos denuncias por lo mismo. Lo que corresponde aquí es que actúe la justicia, pero eso no quita que nosotros como concejales pidamos una auditoría y para eso solicitarle a la Unidad de Control de la Municipalidad que inicie una investigación, ya que ésto podría estar afectando la convivencia laboral”.
En tanto, el concejal David Romo dijo que “esto yo lo sabía del año 2013, desde el inicio de la gestión de Emilo Boccazzi y lo que yo les dije a los funcionarios es que me trajeran pruebas y yo estaba disponible a denunciarlo porque es lo que corresponde pero sin pruebas no se puede hacer nada y yo estaba disponible a defender el trabajo de los funcionarios y me preocupa y si es cierto pido que el fiscal le de agilidad a la investigación, y la ley exige que todo funcionario debe denunciar y si hay funcionarios que sabían y no han denunciado están cometiendo una ilegalidad y si esto es así no podemos seguir permitiendo que gente de esta calaña siga gobernando la comunidad”.