Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera el informe CIC N° 27, en el cual detectó inconsistencias en el registro de 9.653 inmuebles fiscales a nivel nacional, la Seremi Bienes Nacionales de Magallanes fijó su postura frente a los antecedentes.
En la zona, el ente fiscalizador constató 208 propiedades contabilizadas en servicios públicos sin destinación vigente —por más de $10.826 millones— y otras 257 asignadas formalmente que no figuran registradas en la contabilidad.
Al ser consultada respecto de estos antecedentes, la seremi de Bienes Nacionales, Lorena Díaz, recordó que la cartera tiene el mandato legal de resguardar el patrimonio del Estado.
En esa línea, remarcó que la seremi “tiene el deber de velar por el buen uso y la correcta administración de los inmuebles fiscales, que le asigna el DL N° 1939”.
Frente a las derivaciones instruidas por el organismo contralor, que contempla requerir antecedentes tanto a servicios públicos como al propio ministerio para subsanar los registros en un plazo de 90 días, desde la seremía aclararon la situación administrativa actual: “A la fecha, no se ha recibido el oficio de la Contraloría General de la República sobre el Consolidado de Información Circularizada N°27”.
Pese a lo anterior, la repartición regional destacó las labores de saneamiento que se llevan a cabo en Magallanes: “Podemos adelantar que durante este año hemos estado trabajando con decisión para asegurar que los bienes fiscales estén debidamente registrados y destinados conforme a la ley y prontamente detallaremos las acciones realizadas con ese fin”.