Una
nueva denuncia suma en Contraloría el seremi de Educación, Valentín
Aguilera, esta vez por convocar a los funcionarios de su repartición a
una jornada de reflexión y memoria histórica denominada “Una memoria
histórica, para cuidar y fortalecer la democracia”, la cual buscaba
conmemorar el plebiscito del 5 de octubre de 1988, señala la denuncia
presentada en la Contraloría.
La
denuncia fue realizada de manera anónima, el documento detalla que la
convocatoria fue realizada para los funcionarios, quienes debieron
asistir a la charla el 5 de octubre en horario laboral, a las 8.30 horas
en el Salón Gabriel Mistral de la misma institución y que tuvo una
duración de 60 minutos. La persona que denuncia acusa a la autoridad regional de realizar un acto de proselitismo político.
Tras
acoger Contraloría la denuncia, el ente fiscalizador envió un oficio a
la Seremi de Educación con fecha 11 de octubre solicitando a la
autoridad (Valentín Aguilera) remitir los antecedentes respecto a la
denuncia anunciada, teniendo como plazo para emitir el informe 10 días
hábiles, sin embargo, la autoridad hizo caso omiso a lo solicitado por
Contraloría y con fecha 22 de noviembre, Contraloría volvió a emitir un
oficio, dando plazo a cinco días hábiles para emitir el informe
requerido.
Aguilera
durante el último tiempo se ha caracterizado por no cumplir los
requerimientos de Contraloría, recordemos que la primera denuncia que
recibió fue a días de haber asumido, en donde se le acusó por tener un
cuadro en su oficina alusivo al plebiscito, en donde, tampoco en primera
instancia entregó los antecedentes solicitados.
Luego
fue denunciado por el conocido docente Aliro Quezada, quien se vio
vulnerado en sus derechos luego de que se viera modificado su contrato,
dicho acto fue rechazado por la Contraloría y se indicó que debían
regularizar la situación, a lo cual no se cumplió en las fechas
estimadas.
Hasta ahora
serían tres denuncias conocidas en Contraloría en las cuales la
autoridad hizo caso omiso en primera instancia a lo solicitado por el
ente fiscalizador.