La autoridad regional del Mineduc sostuvo que deben aplicarse las normativas y que docentes con dos años y cinco meses de antigüedad “no están en un área gris; deben acceder a través de concurso público”.
El consenso hablaba de una “interpretación amplia”. A principios de marzo, al retorno de las vacaciones del alcalde Emilio Boccazzi y en medio de tensiones al interior de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), la seremi de Educación, Margarita Makuc, invitaba al jefe comunal y a representantes del Magisterio a definir la forma en que se aplicaría la nueva Ley de Titularidad Docente, que el Gobierno impulsó como parte de las negociaciones con el Colegio de Profesores.
En las declaraciones tras el encuentro, tanto Makuc como Boccazzi hablaban de una voluntad común: generar los espacios para que la ley pudiese acoger a tantos profesores como se pudiera.
En los detalles, sin embargo, es donde se encuentran las diferencias.
Luego de que el secretario general de la Cormupa, Hermes Hein -cuya renuncia solicitó Boccazzi esta semana- denunciara “graves irregularidades” en la aplicación de la ley, Makuc sostuvo que “la ley y los instructivos son bastante claros: es necesario que, al 31 de julio de 2014, los profesores tuvieran tres años continuos o cuatro discontinuos de contrata para acceder a la titularidad, con la estabilidad que eso implica”.
– Se habló de una interpretación amplia de la ley. ¿A qué específicamente se referían?
“Hay muchos casos que están en un área gris y que podemos conversar caso a caso, para evaluar quiénes pueden efectivamente acceder a la titularidad docente”.
– El alcalde Boccazzi reconoció que se incluiría a profesores con dos años y cinco meses de antigüedad. ¿Eso se considera un área gris?
“Eso ya no está en un área gris. No estamos hablando de personas con dos años y 11 meses, es una diferencia mayor”.
– Por lo tanto, esas personas no podrían acceder a la titularidad.
“No a través de esta ley. Si existe la intención de que esas personas accedan a la titularidad docente, existe el mecanismo de los concursos públicos, que es la forma en que tradicionalmente se accede”.
En tanto, tras la denuncia de Hein, la aplicación de la ley en Punta Arenas se mantiene en manos de Contraloría. En su presentación, el secretario general manifestó que al menos 54 profesores que no cumplían con las condiciones fueron incluidos en el listado elaborado por el Área de Educación de la Cormupa.