Desde
el 1 de febrero, todas las empresas del país y la región deberán emitir
sus facturas en formato electrónico, finalizando así un proceso gradual
de eliminación que se había iniciado en 2014.
Al
respecto, el biseremi de Hacienda y Economía, Christian García, declaró
ayer que el propósito principal de la medida es reducir los delitos
tributarios. “La mala utilización que en ocasiones existe con las
facturas, es lo que justamente genera una brecha de recaudación y
problemas de evasión de IVA. Por lo tanto, al existir facturas
electrónicas, se hace posible un mayor control a través del Servicio de
Impuestos Internos, lo que a la larga hará disminuir la evasión
tributaria Ése será el efecto más significativo en la economía al ayudar
a mejorar la recaudación tributaria”.
Según
explicó, para poder cambiarse a la modalidad on line, lo único que
necesita el contribuyente es un certificado que cuesta alrededor de 10
mil pesos y se puede adquirir a través de las oficinas del SII.
La
Ley N° 20.727 de 2014, estableció el uso obligatorio de las factura
electrónicas, junto a otros documentos tributarios electrónicos como
liquidación de facturas, notas de débito y crédito y facturas de compra.
El
uso de facturas electrónicas tiene, sin embargo, beneficios para las
empresas ya que eliminaría el timbraje que debe realizarse en oficinas
del Servicio de Impuestos Internos, lo que disminuye significativamente
los costos de facturación, además del tiempo de emisión y recepción de
documentos. A esto se suma, el ahorro en la utilización de papel, lo que
generaría un beneficio para el medio ambiente.
Actualmente,
699.776 contribuyentes están inscritos en el sistema de factura
electrónica. Quienes por Ley estén obligados a facturar electrónicamente
y continúen realizando la emisión de documentación en papel, se
arriesgan a una multa que va desde los $ 46.692 hasta los $ 564.792, por
documento emitido. En este último tramo, el proceso concluye con la
incorporación de contribuyentes correspondientes a las empresas rurales,
con ingresos anuales menores a 2.400 UF lo que equivale a $ 64.388.160.