A un paso de convertirse
en ley, quedó hoy una relevante iniciativa legal vinculada con
seguridad y orden público, la cual Introduce modificaciones sustanciales
al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal
más eficiente.
La
Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat, destacó la unánime
aprobación de dicho proyecto de ley, por parte de la Cámara de Diputadas
y Diputados, al tratarse de “una norma indispensable para poder avanzar
en nuestra agenda de seguridad”. Esto, ya que apunta a aumentar las
penas de aquellas personas que reinciden en la comisión de delitos,
junto con mejorar y agilizar la investigación y persecución del crimen
organizado.
De
acuerdo a lo referido por el Ministro de Justicia, Luis Cordero,
coincidió que se trata de “la reforma al Código Procesal Penal más
importante desde que se implementó en el año 2000, al introducir
modificaciones fundamentales, de manera de adecuar las reglas a las
necesidades actuales del país para una mayor eficacia de la persecución
penal”.
Entre
las modificaciones relevantes del proyecto, incluye para una
persecución penal más eficiente, la ampliación de las técnicas
especiales de investigación como la interceptación y grabación de
comunicaciones para combatir el crimen organizado. En otro aspecto
sustantivo, “introduce en el Código Penal una regla general que agrava
significativamente las penas a las personas que reinciden en la comisión
de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o aumentando la pena en un
grado, según sea la primera o segunda reincidencia”.
Entre
otras mejoras, incluye cambios en la Ley 20.000, añadiendo a
Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como
destinatarios de recursos decomisados. Asimismo, regula la toma de
muestras biológicas para huellas genéticas de imputados en situación
irregular, previa autorización del tribunal a solicitud del Ministerio
Público.
Además
de medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los
actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre
criminalidad organizada, también incorpora un estatuto que regula la
cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar
información útil para desarticular asociaciones delictivas y
criminales.