Como un hito fundamental a futuro en materia del combate contra el crimen organizado, calificó la seremi de Justicia y DD.HH. de Magallanes, Michelle Peutat, la reciente promulgación que realizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al ministro Luis Cordero y al fiscal nacional, Ángel Valencia, de la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, ente especializado en crimen organizado y delitos de alta complejidad al interior del Ministerio Público.
Como parte importante de la Agenda Legislativa Priorizada en materia de seguridad del Gobierno, la autoridad regional señaló que esta iniciativa permitirá dotar al país de más herramientas y profesionales para la persecución criminal, para investigar hechos que requieran dirección supranacional o transnacional, y se relaciona estrechamente con la denominada “Política Nacional contra el Crimen Organizado”. Ésta, agrupa de manera proactiva a 17 instituciones públicas que cumplen un rol protagónico en el combate contra el crimen organizado y, asimismo, se complementa con el proyecto de ley que fortalece al Ministerio Público, en actual trámite legislativo.
Para ello, se dotará a este organismo autónomo de un mecanismo moderno para la persecución de ilícitos complejos, en línea con los sistemas de persecución criminal de otros países que han enfrentado desafíos ligados al crimen organizado.
De esta manera, indicó que se crea una fiscalía especializada y de gran amplitud territorial, que estará a cargo de un fiscal jefe, de exclusiva confianza del fiscal nacional, con competencia en todo el territorio de la república. Ésta, tendrá por objeto única y exclusivamente la investigación y persecución de delitos particularmente complejos y que suponen una problemática para el modelo regionalizado del ente persecutor.
Una disposición transitoria contenida en este proyecto, contempla una norma que dispone que la entrada en vigencia de la reforma constitucional en virtud de la cual se crea la Fiscalía Supraterritorial, será al mismo tiempo en que lo hagan las modificaciones que, con ocasión de la referida reforma constitucional, se efectúen a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.