Este
miércoles, el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas emitió su
sentencia respecto al juicio laboral que tres funcionarios de la
Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género llevaron
en contra de la seremi Patricia Mackenney Schmauk, quien fue denunciada
por una serie de situaciones de acoso, vulneraciones y maltrato laboral
en perjuicio de sus trabajadores.
Fue
en mayo del año pasado cuando comenzaron a verse situaciones incómodas
por parte de la titular local, quien habría realizado continuos
hostigamientos y humillaciones públicas a una profesional de apoyo, a
una secretaria y a un auxiliar, lo que implicó que éstos debieran pedir
licencias médicas por enfermedad profesional, ausentándose por algunos
meses de sus labores.
Demanda
A
tal grado escaló la situación que en el mes de septiembre los tres
funcionarios interpusieron una demanda de tutela por vulneración de
derechos fundamentales en contra de Mackenney ante el Juzgado Laboral,
exponiendo los reiterados episodios que dificultaban el quehacer diario.
“Desde
mayo a septiembre, vimos una pasividad de parte del ministerio, pese a
que se encendieron las alarmas de lo que estaba sucediendo en Magallanes
con la Asociación de Funcionarios, con la ministra, con el intendente,
con el departamento de las personas, con el comité paritario y
lamentablemente fueron bastante pasivos, indolentes e insensibles
respecto a lo que estaba pasando”, sostuvo el abogado demandante, Pablo
Bussenius.
En
este aspecto, el documento tenía como objetivo que cesaran estas
actuaciones por parte de la seremi, que existiese una intervención para
un buen clima laboral, además se pedía una indemnización por concepto de
daño moral.
“Se
trata de un conjunto de situaciones de clima laboral, de maltrato en
contra de los trabajadores, sumado a una serie de actuaciones que
eventualmente podrían constituir irregularidades o no sujeción a lo que
señala el estatuto administrativo, que también fueron denunciadas ante
la Contraloría General de la República, que no se ajustan a lo que debe
ser el actuar en la administración pública”, sostuvo.
Entre
estas situaciones, se daba cuenta por ejemplo de una mala utilización
del vehículo institucional, la contratación con recursos propios de la
seremi de personal, quienes no eran funcionarios públicos y que cumplían
un rol dentro de la secretaría regional ministerial, entre otras situaciones.
Pasividad desde el ministerio
En
este aspecto, el abogado representante de las tres víctimas criticó la
liviandad con la cual desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género se tomaron este caso, teniendo en cuenta que es una de las
secretarías de Estado que más aboga por el respeto y condena el acoso y
el maltrato.
“Tenemos
un problema si uno de los ministerios que cumple un rol importante en
materia de maltrato, de acoso sexual y laboral se toma con esta ligereza
la problemática de un acoso en su propio servicio”, acotó.
Finalmente,
el Fisco fue condenado al pago de tres indemnizaciones de $4.500.000,
$3.500.000 y $3.000.000, además de adoptar medidas correctoras como que
Mackenney cesara de manera inmediata su comportamiento antijurídico, que
ésta deba asistir a un curso de capacitación en materia de “Derechos
Fundamentales de los Trabajadores” y que realice una intervención en
materia de clima laboral.