El
17 de septiembre de 2017 se aprobó la que se denominó la “Ley del
Saco”, que normó el peso máximo que pueden cargar los trabajadores que
cargan costales y sacos con el fin de evitar problemas de salud a largo
plazo.
La
modificación al Código del Trabajo indica que los hombres mayores de 18
años podrán llevar cargas de máximo 25 kilos, mientras que menores y
mujeres podrán llevar solo 20 kilos. En caso de sobrepasar esa medida,
deben ser llevados por dos personas.
A
su vez, las empresas que fabrican costales o similares (cemento,
harina, legumbres, frutas, verduras, etc.) de más de 25 kilos tuvieron
que modificar el peso de dichas unidades para dar cumplimiento a la
nueva ley.
La
seremi del Trabajo, Victoria Cortés, hizo un balance positivo de la
aplicación de esta norma en Magallanes en este primer año de vigencia.
Según
explicó la autoridad, se ha notificado “en la región, a través de la
Dirección del Trabajo, son muy aisladas las denuncias que se han
recibido en esta materia”.
Cortés indicó que “efectivamente, las empresas
han dado cumplimiento a la norma, en general, hoy día, por ejemplo, la
mercadería, el cemento o las herramientas ya vienen embaladas en cajas
que no superan los 25 kilos, en caso de que sean cargadas por hombres, o
20 kilos para ser transportadas por mujeres”.
Victoria
Cortés señaló que, dadas las variables descritas “podemos decir que el
cumplimiento (de la Ley del Saco) es bastante favorable”.
Agregó
que “esto ha incidido en una disminución de las enfermedades
profesionales que dicen relación, principalmente, con dolores
musculares, malas posturas, dolores de espalda que se han recibido en el
Instituto de Seguridad Laboral”.
El
Ministerio de Salud da cuenta de que el lumbago ha sido la primera
causa de ausentismo laboral en el país y la Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que el 80% de la población mundial sufre o ha sufrido
de lumbago.
La
seremi concluyó que “podemos afirmar, como Ministerio del Trabajo, que
la entrada en vigencia de la Ley (del Saco) ha sido favorable y que
esperamos que el cumplimiento siga siendo óptimo, como lo ha sido hasta
ahora, recibiendo solo en forma aislada, algunas denuncias sobre la materia”.
Las
multas a las que se exponen quienes no cumplan con los pesos máximos
que indica la ley, y que fiscaliza la Dirección del Trabajo, van desde
las 9 UTM ($431.280 a septiembre de 2018) hasta 60 UTM ($2.875.200),
dependiendo de cada caso.
@María.P.Sandoval