Sorprendido
se mostró el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP
Magallanes, Alejandro Avendaño, ante la respuesta de la Contraloría
Regional que se abstuvo de pronunciarse ante lo solicitado por esta
organización sindical y que decía relación con la interpretación a la
Ley N°18.502 que establece el impuesto a los combustibles desde el año
1986.
La
presentación ante el órgano contralor cuestionaba el propósito de la
medida el cual era fomentar la reparación de la infraestructura pública
destruida por el terremoto de 1985. “Primero, entendemos, era
transitoria ya que fue creada bajo un estado de excepción constitucional
y nuestra Constitución en su articulo 44°, inciso último, dice: ‘Las
medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo
ninguna circunstancia prolongarse más allá de la vigencia de los
mismos’”. Y sin embargo, Avendaño recordó que la medida lleva vigente ya
34 años.
La
acción también pedía pronunciarse sobre el hecho que el impuesto grava
el uso de carreteras, calles y vías públicas en general, “y en Porvenir y
Tierra del Fuego no se usan carreteras”, insistió.