El
funcionario, José Vargas Saldivia, está vinculado a contrata con la
Seremi desde 1987. El 30 de noviembre pasado fue sorprendido con una
resolución venida desde la Subsecretaría de Hacienda: se había decidido
no prorrogar su designación a contar del 2022.
Preocupado,
el hombre interpuso un recurso de protección ante la Corte de
Apelaciones magallánica. Aunque su empleador alegó que el despido se
debía a que se necesitaba reestructurar la Seremi, el tribunal falló a
favor del funcionario.
Aunque
la Corte reconoce el carácter transitorio de los empleos a contrata,
los ministros sentenciaron que “se ha generado cierta jurisprudencia en
orden a que si han mediado al menos dos renovaciones, se ha generado
para el funcionario un legítimo derecho a considerar la expectativa de
continuidad de sus funciones, lo que implica un mayor estándar para
poner término a contrata”.
Una de las partes recurridas, el Consejo de Defensa del Estado, decidió recurrir a la Corte Suprema para
que quedase sin efecto lo decidido en primera instancia. Sin embargo,
no tuvieron éxito: la tercera sala del máximo tribunal confirmó la
sentencia de la Corte de Apelaciones, por lo que el funcionario podrá
seguir con sus funciones en la Seremi.
La
decisión no estuvo exenta de polémica. El ministro Jean Pierre Matus
fue el único voto a favor de acoger las alegaciones del CDE.