La Municipalidad de Punta Arenas acompañada de algunas empresas privadas dedicadas al rubro inmobiliario, se enfrentaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por un cambio de interpretación en el plan regulador, el cual catalogaba de terreno inundable una serie de sectores de la ciudad. Ello significaba la prohibición de construcción, siendo un gran problema para el municipio y las compañías, porque detenía varios proyectos que ya estaba en marcha, tanto privados como públicos.
Cabe explicar que la Contraloría General de la República, identificó que diversos proyectos se realizarían en estos espacios prohibidos, por lo que emitió una declaración dando cuenta de la situación y paralizando las gestiones para los proyectos de construcción contemplados.
La situación escaló y se indicó que la Contraloría tendría la última palabra. El momento llegó y el ente regulador reafirmó su primera decisión, significando que, en la práctica, más de $ 130 mil millones en proyectos no podrán concretarse en Punta Arenas.
Son 39 iniciativas las que no se podrán llevar a cabo. De igual forma, está condicionada la creación del nuevo cuartel de la PDI, el futuro edificio del INIA, el terminal de buses de Punta Arenas, el nuevo Hogar Infantil Ignazio Sibillo y la creación de un terminal agrícola.
La nueva interpretación tampoco permitiría la regularización de propiedades a través de la llamada «Ley del Mono». De igual forma, existirían problemas de permisos con viviendas ubicadas en Villa Las Nieves, Terrazas del Estrecho, Jardines de la Patagonia y Alto Magallanes entre otras.
“Aún no entendemos porque después de tres años cambia su interpretación del plano regulador, ya en octubre del año pasado. La interpretación nunca fue notificada a la Dirección de Obras, y en la práctica, significa que ahora habrá proyectos detenidos. Nadie del Ministerio de Vivienda en Santiago, entiende por qué se hizo este cambio”, dijo el alcalde Claudio Radonich.
El jefe comunal agregó que la empleabilidad se verá afectada, ahora cuando es más necesario. Indicó que está realizando gestiones con autoridades nacionales para ver si se puede llegar a alguna solución, ya que, agregó, los terrenos caratulados como inundables, representan casi el 40% de la ciudad. Recalcó que el Plan Regulador en ese punto está mal escrito y que, por eso, se iniciaron las acciones para arreglarlo y dejar las reglas lo más claras posibles, para que no haya ambigüedades en su interpretación.
Según datos de la Municipalidad de Punta Arenas, las viviendas afectadas por la nueva interpretación a lo que proyectos habitaciones públicos y privados se refiere, sobrepasan las tres mil. Los empleos que no podrán ofrecerse finalmente, serán de 855 aproximadamente y la actividad productiva que podría verse afectada, involucra a la ubicada en el Barrio Tres Puentes, pesqueras, centro de materiales y la Transbordadora Austral Broom.