El tesorero general de la República, Hernán Frigolett, manifestó ayer que el organismo está en un proceso de reforzar todas sus líneas de acción, tanto en la recaudación, gestión y, particularmente, fiscalización, en la Región de Magallanes.
El motivo de esta mayor priorización es el alto nivel de las prestaciones que realiza la Tesorería en la zona, entre las cuales destacan $ 17 mil millones anuales pagados por concepto de la Ley Navarino y 3 mil millones pagados por concepto de subsidio a la mano de obra instalada en la región.
Para dar cuenta de lo que significa la magnitud de estas cifras, Frigolett recordó que sólo la construcción del Hospital Clínico de Magallanes costó 12 mil millones de pesos. “Vale decir, estamos hablando de entregar a los privados, aportes equivalentes a la construcción de un hospital al año”, situación que explica el incremento de los controles en la zona.
En términos concretos, esto significa que se reforzarán las tres áreas de acción del servicio en la Región de Magallanes y que son la recaudación fiscal, el pago de los beneficios fiscales y la fiscalización de su adecuado uso.
La autoridad precisó, sin embargo, que la Región de Magallanes es una de las mejores pagadoras a nivel nacional, “todo ello en un contexto en el cual, tenemos un comportamiento del país en el cual, el conjunto de la población exhibe un buen comportamiento”. En otras palabras, en un país con un buen comportamiento, Magallanes ofrece un comportamiento aún mejor.
Pero hay excepciones.
Ley Navarino
Es en este contexto, que la Tesorería General de la República ha iniciado la investigación de 49 empresas acogidas a los beneficios de la Ley Navarino, en las cuales se detectaron serias irregularidades que exigen la actuación de este servicio, con el objeto de evitar cualquier perjuicio en favor del Estado, a raíz de presuntos fraudes al Fisco.
El personero admitió ayer que en el caso de los pagos por leyes de excepción, la realidad regional exigí un mayor control. “Existía una debilidad de la capacidad fiscalizadora del organismo en las zonas extremas, la cual se está subsanando con el reforzamiento de los equipos técnicos y profesionales encargados de las labores de fiscalización, a través de la contratación de nuevos profesionales y técnicos y mayores recursos a esta área”, manifestó Frigolett.
La autoridad enfatizó que estas investigaciones tienen que ver con el correcto uso de recursos fiscales que fueron destinados a un objetivo específico, cual es la generación de nuevas actividades económicas en una zona aislada: Tierra del Fuego y Antártica chilena.
Más investigaciones
Pero no es sólo la Ley Navarino, la única que está siendo auscultada por el servicio. Frigolett manifestó que también se están llevando a cabo investigaciones en lo referente al uso de los subsidios a la mano de obra que se llevan a cabo en Magallanes. “En esta región, existe un subsidio que paga el Estado por la contratación de personas por parte de empresas instaladas en la región. Sin embargo, es necesario revisar constantemente su utilización, ya que ese subsidio tiene ciertas modalidades y restricciones, vale decir, se refiere sólo a trabajadores de Magallanes y que operan en ciertas áreas de la economía y bajo ciertas condiciones”.
Por ello es que la Tesorería General de la República ha iniciado una serie de mecanismos de evaluación y control a fin de evitar posibles planillas abultadas artificialmente, con el fin de captar subsidios estatales. Otra situación que se desea evitar (o erradicar si así ocurriese) es la eventual contratación de personal por una empresa que, finalmente, lo utiliza para trabajar en otras regiones.