En
el caso de Magallanes, existen siete instituciones de educación
superior que cuentan con sus casas centrales o sedes en su territorio
(con una matrícula de 6.810 estudiantes). Todas ellas hicieron entrega
de información sobre políticas contra acoso sexual, violencia y
discriminación de género: tres centros de formación técnica, dos
institutos profesionales y dos universidades, según indicó el
Departamento de Gestión de Información y Buenas Prácticas.
La
totalidad declaró contar con algún tipo de política integral en esta
materia. De ellos, seis planteles ya contaban con algún tipo de política
con anterioridad a la dictación de la Ley N°21.369, y una universidad
informó que su política fue actualizada con posterioridad a la
promulgación de la ley. Por ende, todas las instituciones de educación
superior de la región reportan un nivel de desarrollo y ejecución
similar en todos los ámbitos requeridos.
En
cuanto a la disponibilidad de elementos requeridos, un CFT (33%), un IP
(50%) y una universidad (50%) incorporaron un Modelo de Prevención; dos
CFT (67%), un IP (50%) y una Universidad (50%) un Modelo de Sanción; un
CFT (33%), un IP (50%) y una universidad (50%) disponen de Unidades de
Implementación; un CFT (33%), un IP (50%) y una universidad (50%)
establecieron una Unidad de Sanción; y un CFT (33%), un IP (50%) y una
Universidad (50%) comprenden Mecanismos de Apoyo.
Rol de la SES
Las
instituciones se exponen a tres tipos de sanciones efectuadas por la
Superintendencia de Educación Superior, en el caso de incumplir con sus
obligaciones. La más grave establece que en el caso de no adoptar una
política integral en estas materias, no podrán acceder a la acreditación
institucional. Una acción de mediana gravedad está asociada a la no
inclusión de esta normativa con sanciones que van desde la amonestación
por escrito a multas de hasta mil UTM. Cualquier otra infracción es leve
con sanciones que van desde amonestación por escrito a multas de hasta
500 UTM.