A
ratos caía nieve sobre el Centro de Internación Provisoria Cerrado (CIP
CRC) del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Punta Arenas, en el
sector Río de los Ciervos, al sur de la ciudad, mientras una treintena
de funcionarios de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename
(Antrase) se manifestaban en una jornada de paralización. Una “posición
radical”, como definió Javier Oyarzún, secretario de la Antrase, pero
también solidaria.
Es
que el lunes llevaron a cabo un paro que apuntaba no tanto al presente
sino que al futuro del servicio en general. “Estamos sumamente
complicados a nivel nacional”, advirtió Yenni Millacura, presidenta de
la Antrase local. Dicha preocupación tiene que ver con lo que ven en el
norte, con el traspaso del Sename al Servicio Nacional de Reinserción
Social Juvenil, la alternativa que, según se prometió en algún momento,
reemplazaría para mejor al servicio actual.
Dijo Millacura que solo quieren que el Estado “cumpla los acuerdos que se comprometieron para el nuevo servicio”.
El
contexto está en que desde el 13 de enero pasado comenzó a funcionar el
nuevo servicio en la macrozona norte de Chile, incorporando, de acuerdo
con la información de la web de la propia institucionalidad, a los
centros de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
Coquimbo. Allí, dijo Millacura, “están comprando hasta el papel
higiénico desde sus bolsillos, porque hoy ni eso como insumos mínimos
tenemos. Incluso en una región tuvieron que juntar plata para pagar el
agua los funcionarios; no están todos los cargos en dotación y lo más
grave hoy es que están incumpliendo una resolución que tiene que ver con
los grados mínimos de traspaso que no se les ha pagado a los
funcionarios en el norte”.
En el sur
En
el caso del sur, la dirigenta gremial denunció que, a seis meses de la
implementación (proyectada para principios de 2025), aun no cuentan con
infraestructura para usuarias, ni tampoco la ampliación “de la que hubo
compromisos”.
“El
panorama es bastante desolador: todos esperábamos un servicio
especializado (…) En papel hacen un dibujo muy bonito de lo que viene,
pero en realidad las platas no están porque la Dipress (Dirección de
Presupuestos) no está colocando las platas mínimas para poder hacer
funcionar el centro”, resumió.
Según dijo, existen centros que se encuentran tomados; otros con muy baja dotación; y otros con sobreturnos.
En
paralelo, los representantes de los funcionarios del Sename se restaron
de una mesa de negociación, pues existe una duda en la integración del
personal nuevo. La presidenta de la Antrase explicó: “Incumplieron una
resolución del nuevo servicio que decía los grados mínimos y han
incumplido todo lo que estaba en los protocolos ya firmados de acuerdos,
porque no fueron protocolos que se nos ocurrieron, sino que se firmaron
con el Ministerio de Justicia”.
Cabe
recordar que los sueldos de los trabajadores estatales se rigen en
función de grados. Javier Oyarzún graficó que el incumplimiento de los
protocolos de escalafón “nos toca el bolsillo: hoy tenemos compañeros
que perciben la mitad del sueldo que percibían anteriormente”.
“Estamos
en alerta y no bajaremos esta alerta hasta que se cumplan los acuerdos
comprometidos. El espíritu de esta movilización desde el directorio
nacional es que se cumplan los acuerdos que se firmaron. Hasta que no se
cumpla eso, la movilización va a seguir estando presente”, aseguró
luego.
Hubo
un apoyo también desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF). Evelyn Córdoba, la presidenta regional, quien llegó al lugar,
manifestó: “La idea es que el traspaso llegue con recursos, con
infraestructura, con buena implementación, porque como dijo la compañera
de Antrase, buscamos una atención especializada para niños y jóvenes. Y
eso es lo que hoy le exigimos al Gobierno. No queremos que lo que se
escribe con la mano después se esté borrando con el codo”.
Este
martes los presidentes regionales se congregarán en Santiago para
presionar al Ejecutivo. Aunque acotó Millacura que no será la de este
lunes “la única movilización que habrá”.
En
el CIP CRC de Punta Arenas trabajan al menos cincuenta personas,
mientras que los usuarios son cinco, de los cuales cuatro son mayores de
edad tras haber cumplido años después de la condena.