El
martes aterrizó en Magallanes Rocío Faúndez, encargada de implementar
el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la entidad estatal
que reemplazará al Servicio Nacional de Menores (Sename). Era algo que
los trabajadores del servicio advirtieron en lunes y que lo hicieron con
una disposición: la de no reunirse con ella ni su comitiva, ni tampoco
con los equipos de Sename del norte que apoyarían estos diálogos que
serían, sobre todo, para despejar dudas.
Hoy
en día en Chile conviven estos dos servicios. En la macrozona norte ya
se encuentra en régimen el Servicio de Reinserción Social Juvenil, y en
los próximos meses se haría la transición en el centro y sur. Y esos
antecedentes son los que han puesto en alerta a los funcionarios,
quienes aseguran que en el norte han habido situaciones como que los
mismos trabajadores han tenido que comprar material básico, como papel
higiénico, y en algunos casos, incluso, no se habría concretado el pago
de remuneraciones.
Lo
anterior, como un antecedente de algo mayor. Hubo un protocolo acordado
por el Gobierno y los trabajadores para abordar esta transición y que
tenía en cuenta, por ejemplo, el aumento de grado de los trabajadores
contratados. Pero no queda sólo allí, dado que lo anterior también
consideraría, entre otras cosas, diálogos intersectoriales, pues habría
todo un entramado para ejecutar de esto de forma tal que no ocurriera lo
que en efecto ocurrió.
Todo
ello fue el argumento que motivó a los trabajadores de Sename de
Magallanes a movilizarse. Es decir, como una forma de apoyo.
Marcha
A
eso de las 15:00 horas del martes, una treintena de trabajadores marchó
y se concentró luego a las afueras del Registro Civil, en calle Ignacio
Carrera Pinto, donde Faúndez se encontraba con la secretaria regional
ministerial (Seremi) de Justicia, Michelle Peutat. También había
funcionarios de la Subsecretaría de la Justicia, “pero, lamentablemente,
vinieron en un momento que es malo, porque estamos en un proceso de
movilización”, dijo después de la marcha Marcela Mardones, presidenta
provincial de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse)
provincial Magallanes.
Ellos,
contó la dirigenta, habían pedido a la propia seremi y al delegado
presidencial José Ruiz “que trataran de evitar esto, porque la
implementación de un nuevo servicio requiere de los funcionarios y
nosotros quedamos al margen, pero no porque quisiéramos, o por tozudez,
sino porque estamos en un proceso de movilización, donde los acuerdos
que el Gobierno no ha cumplido en la zona norte no entregan seguridad de
que, efectivamente, la implementación del nuevo servicio cuente con los
recursos disponibles”.
Entremedio
que gritaban y agitaban banderas afuera del Registro, bajaron dos
asesoras, una de la Seremi y otra de la directora del nuevo servicio.
Hubo una oferta de diálogo. Fue un gesto criticado por los trabajadores.
Lo resumió Mardones: “Estábamos en la mitad de la manifestación y las
habíamos invitado en dos oportunidades, pero no habían venido. Este no
es el momento. En dos semanas o una semana más, perfecto. Somos gente de
diálogo”.
Javier
Oyarzún, secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores del
Sename (Antrase) secundó a la voz local de Anfuse: “Sentimos que no
vamos a estar abiertos al diálogo mientras no se cumplan los acuerdos ya
firmados. Es difícil dialogar en estas circunstancias, porque las
confianzas también se rompieron”.
“Este
proceso partió en conjunto, pero hoy esto se separó, considerando que
las confianzas se rompieron, las mesas de trabajo no son fiables. En los
trabajadores hay una sensación de que existe una desconfianza
generalizada. Qué documento vamos a recibir nosotros que nos avale de
que vamos a tener un traspaso digno”, profundizó luego.
Seremi
Consultada
la seremi Michelle Peutat, destacó que hubo, por parte de la cartera,
una voluntad de propiciar las reuniones “porque creemos importante que
estos procesos continúen su desarrollo; es importante que para brindar
claridad, información que legítimamente los funcionarios y funcionarias
de Sename requieren, existan estas instancias necesarias”.
Sobre
los encuentros intersectoriales, tuvieron como objetivo “contarles de
qué se trata la reforma. Hoy hubo reuniones con seremis y algunos
servicios que forman parte del proceso, que no es solo cambio de nombre,
sino también una reforma estructural al proceso penal en materia
adolescente y al sistema de justicia en materia penal adolescente”. Esos
mismos diálogos, acotó, precisaban también “la homologación, a la
dotación, a la posible indemnización y a la evaluación”. Pero todo quedó
en nada.