De
a poco el servicio de Uber se va expandiendo más en el país y a casi un
año desde que la aplicación llegó a la capital regional, los usuarios y
choferes se manifiestan contentos con lo que entrega la aplicación,
pese a que aún es ilegal.
En
Punta Arenas existen 12.000 usuarios únicos (pasajeros que utilizan la
aplicación al menos cuatro veces al mes) y 275 conductores que prestan
el servicio.
Uno
de los choferes que trabaja en Punta Arenas, y que no quiso revelar su
identidad, indicó que “a la gente le ha gustado mucho el servicio y
tiene buena recepción por la rapidez de llegada del vehículo al
domicilio donde lo solicitaron.
“El
cliente se sube sabiendo cuánto le va a salir el viaje, lo que se
demorará, dónde viene el vehículo y todo esto antes de ocupar el
servicio. A la gente le gusta tener el control de la situación”,
manifestó.
Además,
comentó que a “todos los choferes de Uber se les envió un correo
informándoles que tienen hasta marzo para obtener la licencia clase A2”.
Se
estima que la exigencia se debe a que, en enero de este año, la
Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de
ley que busca regular estos servicios.
La
normativa indica que se aceptará el transporte mediante esta
aplicación, pero con la condición de establecer requisitos y
regulaciones para todos los choferes, además de regular la cantidad de
vehículos que prestarán servicio en las calles.
El
presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara, Mario Venegas,
señaló que “luego de muchos análisis y de evaluar todas las opiniones,
decidimos aprobar el funcionamiento de los nuevos medios de transporte,
pero estableciendo una serie de requisitos y regulaciones para ellos”.
Ademas,
agregó que “establecimos que los conductores deberán tener licencia
profesional con un curso aprobado de por medio para poder realizar su
labor”.
El
diputado comentó también que “los vehículos que quieran trabajar en las
plataformas digitales de transporte deberán postular a distintos cupos y
posteriormente los que queden seleccionados podrán integrarse a la
aplicación”.
Según
cifras del Departamento de Fiscalización del Ministerio de Transportes,
el año 2016 se cursaron, a nivel nacional, 1.359 multas a choferes por
transporte ilegal de personas, mientras que el año 2017 las cifras se
triplicaron llegando a 3.639.
Las
infracciones por transporte ilegal de personas parten desde las 3 UTM
($141.198) hasta un máximo de 15 UTM ($705.000). Mientras que, si se
ven a cualquier vehículo sorprendido nuevamente en el actuar, arriesgan
multas desde las 5 UTM ($235.330) hasta un máximo de 20 UTM ($940.000)