A
fines de enero se hicieron públicas las conclusiones y recomendaciones
efectuadas por una Comisión Tributaria integrada por 16 economistas
convocados por el Ministerio de Hacienda y que tenía por objeto revisar
la eficacia, equidad y funcionamiento de las exenciones tributarias
contempladas en nuestro país.
Una
de las recomendaciones efectuadas por la comisión consiste, debido a su
elevado costo fiscal, en la revisión de los regímenes de zona franca.
Rodrigo Álvarez, candidato a la Convención Constitucional por Magallanes
y exsubsecretario de Hacienda, consideró que “es evidente que las
recomendaciones de los expertos en esta materia causan un perjuicio a la
región puesto que la eliminación de esta herramienta afectaría la
inversión y el empleo. Pese a que cualquier modificación en materia de
tributos debe pasar por el Congreso, ésta es una prueba clara de que
muchas veces las autoridades y expertos olvidan el contexto particular
de cada región y las razones que se tuvieron para implementar medidas en
tal sentido”.
Álvarez
añadió que “es evidente la necesidad de contar con instrumentos de
política pública que permitan promover el desarrollo económico de
Magallanes. En todo caso, en el contexto de una economía fuertemente
golpeada por la pandemia considero que es mejor implementar más
incentivos que promuevan la actividad económica. No me parece correcto
eliminar instrumentos que fomentan la inversión”.
Sobre
cómo podría abordarse este debate en la Convención Constitucional, el
candidato Álvarez afirmó que “será importante que no sólo nos
preocupemos de la muy necesaria responsabilidad fiscal de nuestro país,
sino que también sepamos avanzar en ciertas atribuciones que permitan a
las regiones tomar sus propias decisiones en materias tan relevantes
como ésta. Es muy importante que encontremos un justo equilibrio entre
autonomía y responsabilidad”.
Leyes de Excepción
Álvarez
también se refirió a la discusión generada en torno a la aplicación de
las leyes extremas. En relación con esta materia, advirtió que “la falta
de claridad respecto de la autoridad que resolverá las solicitudes de
las leyes de excepción es preocupante. La ley N° 21.074, aprobada el
2018, no resuelve si será el delegado presidencial nombrado por el
Presidente de la República o el Gobernador Regional electo
democráticamente quien se hará cargo de esta materia”.
Agregó
que “siendo el año 2021 tremendamente importante para la recuperación
de nuestra economía, considero que este vacío legal debe ser resuelto a
la brevedad por las autoridades correspondientes. El inmovilismo en esta
materia no solo tiene un impacto en las empresas afectadas, sino que
también impactará negativamente las oportunidades de encontrar empleo de
los magallánicos que perdieron sus fuentes de trabajo producto de la
pandemia”.
Finalizó
señalando que “no tengo ninguna duda que la discusión sobre las
atribuciones de nuestras autoridades locales y regionales continuará en
la Convención Constitucional. Hoy tenemos en nuestra Constitución tres
figuras relevantes: la desconcentración, la descentralización y la
delegación. Mientras algunos consideran que debe primar la delegación,
que no es otra cosa que un centralismo atenuado en el que continúa
primando el principio de jerarquía, otros creemos que será importante
avanzar hacia mayores niveles de descentralización en que se otorguen
mayores atribuciones para las regiones”. En particular, Álvarez afirmó
que: “la gran batalla para Magallanes, en la que deberíamos estar todos
unidos, será la discusión respecto a las atribuciones que tendrán
nuestras autoridades regionales y locales. Hoy nuestro artículo 3°
establece que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada”