A las 8 de la mañana volvieron los cortes en diferentes accesos. La
UOCRA reclama al Gobierno nacional la reactivación de obras y, principalmente,
el cumplimiento del envío de fondos para el pago de salarios a los trabajadores
de la Usina Térmica de Río Turbio. Los cortes se realizan en Río Gallegos,
Piedra Buena y la Cuenca Carbonífera, los caminos se abren cada cuatro hora por
treinta minutos.
Sorpresivamente ayer, pública diario El Clarín de Buenos aires, la
UOCRA decidió volver a las rutas. Cubiertas quemadas, camiones detenidos, fue
la imagen reiterada durante todo el día.
La medida de fuerza tiene un objetivo principal: el envío de fondos
por parte del gobierno, puntualmente para la Usina Térmica de Río Turbio.
Paralelamente, exigen la reactivación de la obra pública en Santa Cruz, lo que
incluye las represas y camiones viales.
Las rutas afectadas son la 3 y 40, ambas nacionales. Se sumó el
Sindicato de Camioneros en solidaridad al gremio de la Construcción. A la fecha
la UOCRA estima que se produjeron en el sector unos 3.000 despidos.
A comienzos de año, Lázaro Báez, beneficiado durante el kirchnerismo
con la obra pública (54 obras por más de $ 24.500 millones), despidió 1.800
trabajadores, en la Usina Térmica se cesantearon 730 operarios y en las
represas unas 100 personas no lograron renovar, por intermedio de
subcontratistas, sus contratos. Los restantes responden a obras menores que se
realizaban en diferentes localidades.
Con este conflictivo escenario, esperan una respuesta de la Casa Rosada.
Hasta el momento, y como en otros reclamos anteriores, la gobernadora Alicia
Kirchner no se pronunció al respecto.
Río Turbio
A 265 kilómetros de Río Gallegos, la Usina Térmica que construyó
Isolux Corsán y que demandó una inversión de 700 millones de dólares, se
encuentra detenida: la única caldera en funcionamiento capaz de generar 120 Mw,
está apagada desde el 30 de noviembre. Ante la falta de carbón y la crisis
administrativa de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), responsable de
alimentar a la Termoeléctrica y gerenciarla en un futuro, la costosa obra está
completamente detenida y con reducción de personal.
La obra civil, con un avance del 90% para la finalización de la
segunda caldera, está parada desde diciembre.
El mes pasado hubo una reducción del 50% del personal. Por no contar
con fondos para continuar la obra civil y cumplir con los salarios de las 1.200
personas vinculadas a la Usina, se decidió despedir a 730 trabajadores que no
están radicados en Santa Cruz.
La firma espera que el Gobierno apruebe $800 millones correspondiente
a certificaciones de obra, que dejara el ex ministro Julio De Vido sin
autorizar. Hasta la fecha sólo hubo una asistencia financiera de $40 millones.
Y una promesa de enviar más fondos para cumplir con las indemnizaciones. Esto
no ocurrió y al personal despedido aún no se les liquidó el salario.
En medio de los reclamos, la UOCRA cuenta ahora con un delegado
normalizador para la Zona Sur. Mateo Suárez indicó en declaraciones radiales
que cortarán todas las rutas santacruceñas “hasta que el Gobierno nacional
venga y de la cara”. Piden “reactivación de las obras y que mande la plata para
que la empresa les pague a los trabajadores”.