Autoridad sostuvo
que “hay que dejar que las instituciones funcionen” y que el intendente Jorge
Flies debe tomar decisiones con base jurídica.
Sobre la presión
ejercida por los usuarios del recinto, sostuvo que “Cámara Franca defiende
intereses particulares, no el interés público”.
Abogados del
Gobierno Regional y de fuera de la región, con experiencia en temas económicos,
trabajan en los distintos flancos abiertos por el conflicto generado en torno a
la administración de la Zona Franca de Punta Arenas, que, hace siete años, está
en manos de la Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI).
El tema, en
palabras del seremi de Hacienda, Christian García, es “complejo, no es de fácil
resolución”. Terminado el trabajo de recopilación de antecedentes sobre la
fiscalización y control de administraciones anteriores, la intendencia de Jorge
Flies Añón debe, además de llevar a cabo su propia labor fiscalizadora, hacer
frente a demandas por parte de la concesionaria -que, hasta ahora, ha hecho dos
presentaciones en contra del Fisco- y el gremio de usuarios del recinto,
agrupados en la Cámara Franca.
“Como cualquier
particular, la Cámara Franca puede hacer todas las acusaciones que estime
convenientes en los organismos competentes, como los tribunales, la Contraloría
o la Fiscalía, que es lo que ha hecho”, manifestó ayer García. “No obstante,
también hay que recordar que están acusando al intendente Jorge Flies de falta
de fiscalización, de fraude al Fisco ante Fiscalía y en los tribunales de
actuaciones ilegales”.
– Ellos esperan una resolución en el corto
plazo. ¿Es factible?
“Nosotros
seguimos haciendo el trabajo. No vamos a ceder a ninguna presión. Esto hay que
resolverlo desde un punto de vista administrativo y jurídico. Hay que respetar
un contrato, que regula la relación que tenemos con la concesionaria, pero ello
no nos impide revisar las actuaciones de la concesionaria o de cualquier otro
particular en la Zona Franca, que es lo que se está llevando a cabo. Además,
tener demandas significa tiempo. Trabajar con CDE, con la comisión de
fiscalización y seguimiento. Es un desgaste, un flanco que debemos cubrir y que
se está cubriendo”.
– Entonces, ¿no
hay una fecha estimativa para una decisión?
“No. Nosotros
siempre hemos dicho que vamos a zanjar este conflicto en derecho. Para eso, hay
que esperar que las instituciones funcionen, recibir el informe de Contraloría
y la respuesta del Consejo de Defensa del Estado. No es un tema sencillo,
porque estamos actuando en múltiples frentes: en tribunales, en la Fiscalía y
en Contraloría, además de la relación permanente con la contraparte, que es la
concesionaria”.
Flancos
Mientras se
trabaja en la respuesta a las demandas, Flies analiza una solicitud de la
concesionaria en torno a las obras comprometidas para agosto de 2014, por cuya
ausencia el GORE comenzó a cursar multas mensuales de 100 UF. Tras cuatro
cobros, la concesionaria solicitó una prórroga del plazo, que está siendo
evaluada por el intendente.
De acuerdo con
García, “el intendente tiene que resolver si acoge esa solicitud, en atención a
los antecedentes que se hayan presentado. A partir de eso, podremos decidir si
se siguen cursando multas o se modifica el contrato, u otra opción”.
– Así las cosas,
no se acumularán las 1.000 UF en un año, que es causal de término del contrato.
“El intendente
tiene la facultad de terminar el contrato, pero no está obligado. Él puede
seguir con el contrato. El hecho de que se acumulen o no las 1.000 UF no es un
tema relevante. Cuando nosotros asumimos, la concesionaria tenía acumuladas
3.300 UF de multa y los otros intendentes no terminaron el contrato”.
– Otro flanco lo
abrió la intendencia, al pedir explicaciones a SRI por los subarrendamientos y
cobros discriminatorios a usuarios. ¿Cuándo habrá respuesta por eso?
“El pago
discriminatorio y los subarrendamientos son temas que están en desarrollo. No
hay plazos, porque va a depender de la respuesta de la concesionaria y de las consultas
que se puedan hacer a otros organismos técnicos que tengan que pronunciarse”.
– Con todo, la
relación del GORE con la concesionaria y los usuarios ha sido tensa en esta
administración, ¿no le parece?
“La fiscalización
activa que hemos hecho no ha sido del agrado de todo el mundo. Fue tan intensa
la investigación, que apareció el tema de los subarrendamientos, que no le
gustó a la Cámara Franca. Es claro que ellos fueron a Contraloría a tratar de revertir el
pronunciamiento de ellos sobre su posición. Son los miembros de la Cámara
Franca los que están subarrendando. Muñoz fue muy claro en señalarlo: ellos
defienden los intereses de la Cámara Franca, no los del Fisco ni el interés
público. Para eso, está el intendente”.