Antes de que termine el año. Ese fue el plazo que el intendente Jorge Flies se autoimpuso para dar a conocer las medidas que tomaría el Gobierno Regional frente a la administración de la Zona Franca de Punta Arenas, concesionada a la empresa Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI).
Ayer, la máxima autoridad regional participó de la última reunión de la Comisión de Seguimiento del contrato entre la intendencia y la empresa del año, a un día de que llegue el plazo que él mismo dio a conocer para tomar decisiones.
Sus alternativas están determinadas por el informe de fiscalizaciones que el GORE entregó a la Contraloría el 4 de julio pasado, en el que se da cuenta de las acciones de control ejercidas durante los primeros siete años de contrato.
El documento nació de una recopilación de antecedentes liderada por el seremi de Hacienda, Christian García, quien ayer también estuvo presente en el encuentro realizado en la Intendencia de Magallanes.
El pronunciamiento de Flies llegaría luego de meses de espera por una respuesta a consultas formuladas al Consejo de Defensa del Estado (CDE) -al que se le preguntó si había existido fraude al fisco durante los primeros siete años de administración-, y a Contraloría.
A esta última, se remitió el acta de una reunión sostenida por el ex intendente Mauricio Peña y Lillo y la gerencia de SRI en septiembre de 2013, en la que constan acuerdos por los que se consideraría que la empresa ha cumplido con el 6% de reinversión anual, lo que ha sido negado por el gremio de usuarios de la Zona Franca, la Cámara Franca.
Sobre esta consulta, el ente fiscalizador manifestó que no tenía facultades para pronunciarse y que ello correspondía a los tribunales de justicia.
La Cámara Franca ya interpuso una querella por fraude al Fisco en contra de SRI y la ex autoridad, a la que podría sumarse el GORE. Ello dependería de la evaluación jurídica que haga la intendencia.
El 29 de octubre pasado, Flies manifestó que “hemos estado esperando las definiciones de Contraloría y el CDE, pero si no tenemos respuestas en las próximas semanas, vamos a iniciar los procesos propios de la intendencia antes de que termine este año”.
Multas
En paralelo a la decisión que evalúa el Gobierno Regional por el control y fiscalización del contrato en los primeros años de su desarrollo, la administración de Jorge Flies ha implementado este año un total de cuatro multas de 100 UF cada una, por el retraso de obras de infraestructura acordadas en marzo pasado.
De acuerdo con el Gobierno Regional (GORE), los trabajos debieron estar terminadas el 17 de agosto. Por cada mes de atraso, se cobraron las 100 UF acordadas en el contrato. La situación puede terminar mal: el intendente Jorge Flies sostuvo ayer que se fiscalizará regularmente y que, de no encontrarse terminadas las obras, se continuará cobrando las 100 UF por cada mes de retraso.
Tras la fiscalización, la empresa explicó que las obras comprometidas requerían un permiso de intendencia que sólo llegó en marzo pasado y que se han solicitado reuniones con la autoridad que no han sido respondidas. De acuerdo con SRI, la última solicitud se hizo este lunes, tras conocerse la fiscalización, y no ha obtenido respuesta.
El propio Flies dio a conocer que la concesionaria solicitó una prórroga para implementar las obras, pero que no se ha dado aún respuesta a esa solicitud.