Treinta días corridos. Ese
es el plazo que tiene el proceso de conciliación que el intendente Jorge Flies
activó con la empresa encargada de la administración de la Zona Franca de Punta
Arenas, Sociedad de Rentas Inmobiliaria (SRI).
El lunes pasado, en una
reunión que duró unas cuatro horas, el intendente y el equipo del Gobierno
Regional (GORE) escucharon los argumentos de la concesionaria en torno a las
deudas de inversión, reinversión y pago anual de la concesión que reclama la
Intendencia.
Quienes estuvieron
presentes en el encuentro, señalan que la postura de SRI no reconoce deudas en
inversión ni reinversión, y que argumentan que el cálculo del pago de la concesión
es en base a los ingresos anuales percibidos, lo que genera una diferencia con
la postura del GORE por un monto de más de $ 150 millones en los últimos siete
años.
“Ellos reconocen que en el
ámbito de inversión hay atrasos que podrían involucrar multas, pero atrasos que
también difieren con lo que nosotros hemos entregado”, manifestó Flies. Agregó
que “tomamos toda esa información que entregaron y el próximo martes les
haremos saber si hay posibilidad de acercar estas posiciones, si los argumentos
que entregan son suficientes para que cambiemos de opinión o no. Eso lo vamos a
comunicar terminado este proceso de negociación, que esperamos que será a mitad
de septiembre. Si las diferencias se mantienen, hay procesos judiciales”.
El intendente agregó que
“hay, paralelamente, algunos otros elementos que han sido identificados por el
informe de Contraloría, probablemente tomemos procedimientos administrativos:
multas y otras medidas”. Dichas acciones, dijo, comenzarían “probablemente
después de la negociación, porque el proceso también involucra la buena fe y la
capacidad de llegar a acuerdo”.
Al respecto, el seremi de
Hacienda, Christian García, manifestó que “el intendente quiere terminar la
negociación y después seguiremos con algunos detalles que falta por revisar. El
tema de los subarrendamientos puede terminar en multas y es algo que hay que
arreglar; Contraloría ya tiene dos dictámenes en que queda claro que no puede
existir subarrendamiento, y hay ocho contratos de ese tipo que encontramos”.
Agregó que “esto es un
contrato y la contraparte dice que no debe nada. Somos iguales en este
contrato; hay que negociar. Cuando hay discrepancias y no se solucionan, se irá
a tribunales”.