La Contraloría General de la República exigió la participación del
Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos
(SII), para que investigue eventuales ilícitos en los contratos de
subarrendamientos efectuados en la Zona Franca.
Lo anterior, como
parte de un extenso documento dado a conocer ayer y que, en lo
principal, respalda la labor de fiscalización efectuada por el
intendente Jorge Flies.
El seremi de Hacienda, Christian García,
destacó que el último informe de la Controlaría General de la República
avaló la actuación del Gobierno Regional (GORE) al enfrentar el complejo
tema de la Zona Franca. “Nosotros hicimos un trabajo que no hicieron
los tres intendentes anteriores en los últimos ocho años que fue
recopilar toda la información y sentarnos a discutir con la
concesionaria, sobre las inversiones que estaban pendientes y las multas
que corresponden. Y nos sentamos a discutir, porque así está
establecido por la ley”, indica.
En lo principal, destacó García, el
ente contralor avaló el acuerdo entre el Gobierno Regional y la
concesionaria de la Zona Franca, SRI Limitada suscrito el 21 de abril
de 2016.
En él, la concesionaria reconoce que existía un déficit de
inversión de UF 48 mil 517. Según el acuerdo, SRI Limitada se
comprometió a cumplir con la remodelación de la pista de hielo y un
nuevo edificio en un plazo de 12 meses.
Además, la concesionaria
aceptó una multa por UF 13 mil 800, equivalentes a $ 358 millones 184
mil, más otra de UF 400 ($ 10 millones), todo ello por el atraso en las
obras comprometidas. Estas multas fueron efectivamente pagadas al Estado
a través de seis vale vistas, lo que fue corroborado por el ente
fiscalizador.
Contraloría
“En tal sentido -dice el informe
de la Contraloría- , es posible señalar que la Intendencia de Magallanes
dio cumplimiento a lo requerido por este ente de control, motivo por el
cual esas observaciones se subsanan, sin perjuicio de las acciones que
deba llevar a cabo la autoridad regional para que se ejecute el plan de
inversión pendiente”.
García destacó que las multas estaban prescritas, pero la concesionaria se allanó a pagarlas como parte del mencionado acuerdo.
“Lo
importante -indicó el seremi- es que la Contraloría, al dar por
subsanada las observaciones, nos dice que las multas son las que
corresponden en derecho y que no hay perjuicio fiscal”.
Subarrendamientos
Pero
el tema más delicado abordado por el informe es el que dice relación
con la denuncia por presuntos subarrendamientos de locales, al interior
de la Zona Franca y que podrían representar un incumplimiento tributario
por parte de los involucrados.
En este sentido, la Contraloría
indica que la autoridad regional constató la existencia de otros
contratos de subarriendo, “situación que fue comunicada al Consejo de
Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos”, el pasado 31 de
marzo.
Prohibido
En este sentido, la Contraloría hizo ver
que el 31 de marzo, se instruyó a todos los usuarios del recinto franco y
a otras personas jurídicas que exploten las instalaciones de abstenerse
de celebrar nuevos contratos de arrendamiento, entre otras medidas
encaminadas a frenar este tipo de prácticas.
