Una crítica situación operacional y pedagógica atraviesa la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa. El Centro de Padres y Apoderados del establecimiento alzó la voz para denunciar la falta de docentes en asignaturas esenciales, el impacto emocional provocado por el traslado intempestivo de profesores y un severo déficit de personal en el Programa de Integración Escolar (PIE), factores que —aseguran— vulneran directamente el derecho a la educación de los estudiantes.
Según detallaron los apoderados, alumnos de 5° a 8° año básico enfrentan semanas sin cobertura continua en materias troncales como Matemáticas, Lenguaje e Historia. Alejandra Uriarte, presidenta de los apoderados de 6° básico, explicó que los niños acuden al establecimiento a cumplir horario en talleres menores o salas de computación sin avanzar en sus contenidos curriculares.
A este escenario se sumó la reasignación de la profesora Catalina Sánchez al Liceo Industrial, decisión que generó un fuerte impacto en el estudiantado. “Su partida afectó de manera emocional a los estudiantes, quienes incluso se han negado a acudir al colegio. No es solo un curso; alumnos de 5° a 8° básico la necesitan por su impacto pedagógico y humano”, afirmó Uriarte.
Crisis en el Programa de Integración Escolar (PIE)
La vulnerabilidad del sistema se agrava en el área de educación especial. Sandra Barrientos, tesorera del Centro de Padres, expuso la compleja brecha que afecta a los estudiantes con necesidades educativas especiales: de una matrícula total de 174 alumnos, 40 cuentan con diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Pese a esta demanda, la dotación de educadoras diferenciales fue reducida de tres a dos profesionales, bajo el argumento de la autoridad educativa de una supuesta “sobredotación”. La contingencia empeoró luego de que una de las profesionales iniciara una licencia médica por 20 días sin reemplazo asignado, dejando la atención de los 40 niños a cargo de una sola educadora diferencial.
“Exigimos al SLEP que nos transparenten el criterio y cálculo utilizado para determinar la dotación del personal. No es posible que 40 niños con necesidades especiales dependan de una sola educadora”, enfatizó Barrientos.
Ante el descontento de la comunidad, representantes de los apoderados sostuvieron reuniones con Andrés Araneda y Jorge Valdés, directivos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), a la espera de soluciones concretas para la reasignación de docentes de aula y la restitución del equipo de apoyo profesional.