n una reciente entrevista concedida a un medio de comunicación regional, el suspendido director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Mario García, emitió severos descargos sobre el proceso disciplinario que enfrenta, las decisiones del Ejecutivo y la gestión financiera previa al traspaso de los establecimientos educacionales.
García, quien se encuentra apartado preventivamente de sus funciones desde marzo del año pasado en el marco de un sumario administrativo, rompió el silencio para detallar las presuntas irregularidades operativas y presupuestarias que han rodeado al servicio local desde su puesta en marcha.
Origen del sumario y críticas a la subrogancia
El proceso disciplinario contra Mario García se originó tras las movilizaciones docentes de fines de 2024. Según explicó, en diciembre de ese año consultó a la Dirección de Educación Pública (DEP) sobre la factibilidad de otorgar una gratificación de $25.000 a los profesores para destrabar el conflicto salarial, medida que sostiene contó con el respaldo explícito de su equipo directivo.
Sin embargo, García cuestionó la forma en que se implementó su medida cautelar de alejamiento del cargo:
“En el momento en que se inicia un sumario en mi contra y se establece una medida preventiva de suspensión, se cambia el orden y se deja ya no a la señora Elizabeth Aránguiz (subdirectora de UTP), sino a don Jorge Valdés como subrogante”, expuso la autoridad suspendida.
Repudio a las declaraciones del exPresidente Gabriel Boric
El profesional rememoró la “angustia” vivida durante los tres meses previos a la resolución de su caso, la cual se profundizó en marzo del año anterior tras las declaraciones del exPresidente Gabriel Boric, quien sostuvo públicamente que existía una “pésima evaluación” de la gestión de García para justificar su salida del servicio.
“Un presidente tiene que ser muy responsable con lo que dice. Es el ejemplo para todas las demás autoridades… él es la máxima autoridad de un país y como máxima autoridad tiene que marcar de alguna forma el camino, la orientación de cómo sus demás autoridades tienen que actuar”, expresó García.
Crítica a la gestión municipal saliente por convenios colectivos
Otro de los puntos abordados por la exautoridad del SLEP fue la responsabilidad de los municipios de la Región de Magallanes en la carga financiera traspasada al nuevo sistema educativo. Señaló directamente al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y a la exalcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, por suscribir acuerdos colectivos con los asistentes de la educación en fechas muy próximas al traspaso legal de las escuelas y liceos.
A juicio de García, los alcaldes sabían con certeza que a contar del año 2024 la administración de las salas cuna, escuelas y liceos ya no estaría en sus manos, por lo que “debieron ser más prudentes con ese tipo de negociaciones”.
Dificultades operativas y rechazo a compromisos inviables
Finalmente, García dio a conocer que durante los primeros meses de funcionamiento del SLEP los funcionarios sufrieron serias deficiencias institucionales, entre las cuales figuraron:
- Retrasos de hasta cinco meses en el pago de remuneraciones.
- Financiamiento con recursos propios para asistir a capacitaciones obligatorias en Santiago.
- Falta de respaldo presupuestario real para infraestructura educacional.
Respecto a este último punto, enfatizó su negativa a participar en anuncios políticos que no contaban con viabilidad financiera, citando el caso de la proyectada escuela en Porvenir:
“No me presto para eso. No me puedo prestar para eso, porque si ustedes me dicen que tenemos 500 millones para infraestructura, ¿cómo me dicen que van a gastar 5.000 millones en una escuela?”.