En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Asistentes de la Educación, el clima al interior de las asociaciones de trabajadores en la Región de Magallanes se mantuvo marcado por la preocupación. Cerca de 1.200 funcionarios de las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales han dejado de percibir desde febrero un 40% de sus remuneraciones, correspondiente a dineros de asignación de zona retenidos a la espera de una resolución definitiva de la Contraloría General de la República.
A pesar de haber impulsado diversas manifestaciones durante los últimos meses, los gremios han mantenido el cumplimiento de sus jornadas laborales en los establecimientos públicos de la zona. El presidente de la asociación de funcionarios de Punta Arenas, Javier Quintul, enfatizó la confianza del sector en el marco de la Ley 21.040, argumentando que los dictámenes N°11 y N°330 amparan la asignación de zona establecida en los convenios colectivos suscritos previo al traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).
Incertidumbre presupuestaria y cambios de liderazgo
A esta pugna salarial se suma la inquietud del gremio por las propuestas de ajuste en el Presupuesto 2027 para el sector educativo, lo que podría impactar en las matrículas y en las dotaciones de personal. “Nuestra razón de ser son los estudiantes; todo lo que ocurra en términos de matrícula y decisiones del servicio tendrá una afectación directa hacia nosotros”, advirtió Quintul.
En paralelo, se espera la oficialización en la subrogancia de la dirección ejecutiva del SLEP Magallanes por parte del exseremi Rodrigo Sepúlveda. Al respecto, la presidenta de la Asociación de los Asistentes de Educación Magallanes (Afamag), Sandra Herrera, hizo un llamado a sostener el diálogo de mesa técnica mantenido durante el año: “Tenemos la esperanza en trabajar en común acuerdo con las personas involucradas y mantener la continuidad, pero lo primordial es que existan las voluntades”, concluyó.