Una disminución estimada de $1.087 millones en sus recursos para 2027 y la pérdida de aportes destinados a compensar las condiciones territoriales expuso la Universidad de Magallanes (UMAG) ante la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado.
La presentación estuvo a cargo del vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas Belmar, quien participó el miércoles 11 de noviembre en una sesión dedicada a revisar el escenario presupuestario de las universidades estatales de las regiones extremas, junto a representantes de las casas de estudios de Tarapacá, Arturo Prat y Aysén.
De acuerdo con las proyecciones entregadas por la casa de estudios austral, la reducción prevista para 2027 se desglosa en:
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$455 millones menos en el Aporte Institucional a las Universidades del Estado (AIUE).
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$429 millones correspondientes al Plan de Fortalecimiento.
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$108 millones del Aporte Fiscal Directo (AFD).
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$95 millones del excedente del Fondo Solidario.
A ese escenario se suma la ausencia de nuevas asignaciones durante 2026 para los programas de Educación Superior Regional (ESR) y Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (Adain), lo que representa una merma anual estimada en otros $1.050 millones.
“Las universidades estatales de zonas extremas enfrentamos condiciones estructurales distintas a las instituciones ubicadas en el centro del país. Los mayores costos operacionales, las distancias geográficas y las particularidades de nuestro territorio requieren un modelo de financiamiento que reconozca esas diferencias y garantice la presencia del Estado a través de la educación superior pública”, sostuvo Cabezas.
Balance financiero tras el cierre de la supervisión
En su intervención, la autoridad universitaria dio cuenta de los resultados del Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025-2026, ejecutado para revertir un déficit estructural que acumuló pérdidas por $10.982 millones entre 2018 y 2024.
Según detalló, las medidas alcanzaron un cumplimiento global del 112% de las metas fijadas, permitiendo pasar de un resultado financiero negativo de $2.887 millones en 2024 a uno positivo de $352 millones en 2025, sin considerar ingresos extraordinarios por reconocimiento de activo físico. Bajo ese escenario, el 30 de septiembre de 2026, la Superintendencia de Educación Superior puso término a la supervisión especial sobre el plantel.
“Hemos realizado un esfuerzo importante para recuperar el equilibrio financiero de la Universidad, tomando decisiones y transformando nuestra gestión. Sin embargo, estos avances requieren condiciones de financiamiento que permitan sostener nuestro quehacer académico, científico y territorial. La sostenibilidad de una universidad pública no puede depender exclusivamente de sus esfuerzos de ajuste interno”, planteó el vicerrector.
Resguardo de la Beca Magallanes
Durante la sesión también se advirtió sobre la necesidad de proteger los beneficios estudiantiles y los recursos para investigación. Actualmente, 1.189 estudiantes de la UMAG reciben la Beca Magallanes, cifra equivalente al 25,6% de la matrícula de pregrado de la institución.
“Esta instancia permitió plantear ante el Senado los desafíos de financiamiento que enfrentan las instituciones estatales de zonas extremas y la importancia de considerar sus particulares condiciones de funcionamiento y contribución al desarrollo regional”, concluyó Cabezas.