La delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, confirmó la continuidad de la Beca Magallanes por un monto aproximado de $109.635 tras reunirse con dirigentes estudiantiles de la Universidad de Magallanes (UMAG), junto con abordar el cierre de otros conflictos gremiales y económicos que marcaron la agenda regional.
Durante una entrevista en Pingüino Multimedia, la representante del Ejecutivo entregó detalles sobre las conversaciones sostenidas con los estudiantes movilizados, asegurando que el beneficio universitario seguirá vigente mientras continúan las mesas de trabajo por otras demandas presupuestarias.
En el ámbito de la educación pública escolar, Farías ratificó el término de la paralización de los asistentes de la educación luego de un dictamen de la Contraloría General de la República. Según explicó, el director de Educación Pública viajó a la región para suscribir un acuerdo junto al director subrogante del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Rodrigo Sepúlveda, en Puerto Natales y Punta Arenas, garantizando el pago del bono del 40%.
Acuerdo con camioneros y congelamiento del Mepco
Respecto del término de las movilizaciones del transporte de carga, la autoridad indicó que en Magallanes la protesta se desarrolló de manera tranquila y defendió los alcances del pacto alcanzado con los gremios frente a cuestionamientos por eventuales alzas tras el fin del congelamiento en marzo de 2027.
Farías precisó que la medida beneficia a todos los combustibles y que el Gobierno mantendrá un monitoreo permanente del escenario internacional. “En todo acuerdo uno cede una parte en pos de llegar hacia un punto común”, señaló, explicando que la rebaja de $100 al diésel y el congelamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) buscan contener el costo de la cadena de abastecimiento en una región donde gran parte de la mercadería recorre más de 3.000 kilómetros.
Hidrógeno verde y reforma al sistema ambiental
Consultada por el desistimiento de un proyecto de hidrógeno verde de la empresa TotalEnergies en Magallanes, la delegada señaló que el alto volumen de observaciones ciudadanas y sectoriales —cercanas a las mil en su primer proceso— incide en las decisiones de inversión.
Ante ese escenario, planteó la necesidad de revisar la institucionalidad vigente: “En el Estado de Chile tiene que existir una revisión generalizada o transversal que trascienda a una reforma de Estado, que vea cómo estamos fomentando o colaborando con la inversión en Chile”. Aunque reafirmó el resguardo al desarrollo sustentable, advirtió que la acumulación de guías operativas y la judicialización generan “murallas” de entrada que requieren modernización para agilizar proyectos sin descuidar el medio ambiente.