Una severa crisis diplomática estalló entre Kiev y Seúl luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, revelara públicamente durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU que su país entregó a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos capturados en 2025 mientras luchaban para las fuerzas rusas en la región de Kursk.
Las declaraciones del líder ucraniano provocaron la inmediata y molesta reacción del mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, quien acusó a Zelenski de violar un estricto compromiso de confidencialidad que buscaba resguardar la seguridad nacional y evitar un escalamiento de tensiones con el régimen de Pionyang. “Desconozco las circunstancias concretas que llevaron a la parte ucraniana a romper el acuerdo y hacer pública la información; la situación es profundamente lamentable”, expresó Lee, enfatizando que “asuntos de esta sensibilidad deben gestionarse en beneficio del país y no por intereses o popularidad política”.
Afectación geopolítica y riesgos para desertores
De acuerdo con antecedentes del conflicto, los militares norcoreanos habían manifestado por escrito y en entrevistas su deseo explícito de no ser repatriados a Rusia ni a Corea del Norte, solicitando asilo en Seúl. Si bien la Constitución surcoreana reconoce a los ciudadanos del norte como propios, el manejo en estricta reserva era una pieza clave para la política de distensión que impulsa la administración de Lee.
La filtración pública expone a graves represalias a los propios prisioneros y a sus familias en el Norte. Según informes del Departamento de Estado de EE. UU., el régimen de Kim Jong-un castiga la deserción con penas de prisión perpetua, trabajos forzados o ejecuciones públicas inmediatas, extendiendo los castigos hacia el círculo familiar directo de quienes intentan huir.