Tres graves hechos de violencia contra las mujeres registrados en apenas doce días en Punta Arenas han encendido las alarmas institucionales en la Región de Magallanes. Las causas tramitadas en el Juzgado de Garantía abarcan desde agresiones físicas en contexto de VIF (13 de septiembre), un ataque investigado como femicidio íntimo tentado con estrangulamiento (22 de septiembre) y un caso de agresión sexual con amenazas de muerte e incendio intencional en un departamento de calle Océano Pacífico.
Si bien los procesos judiciales corresponden a figuras penales diferenciadas y avanzan de forma independiente, la seguidilla de agresiones visibiliza una preocupación transversal respecto a la capacidad de respuesta oportuna del Estado y los mecanismos de evaluación del riesgo antes de que la violencia escales. La realidad regional se enmarca en un complejo escenario nacional, donde las estadísticas del SernamEG registran en 2026 un total de 24 femicidios consumados, 220 frustrados y 74 tentados a lo largo del país.
Barreras de denuncia, aislamiento y proyección legislativa
Expertos en criminología y derecho de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) remarcan que la detección temprana se ve obstaculizada por factores como la dependencia económica, el aislamiento, la falta de redes y el temor a la revictimización al reiterar el relato ante múltiples instituciones (salud, policías, Fiscalía, municipios).
A estos factores se suma la dispersión geográfica propia del territorio austral. La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, enfatizó que las largas distancias en Magallanes obligan a implementar medidas de cautela reforzadas. “Una mujer que denuncia debe encontrar un Estado que la proteja de manera oportuna y efectiva”, sostuvo la autoridad, destacando el debate del proyecto de ley de medidas cautelares reforzadas, iniciativa en trámite que busca perfeccionar el traspaso de información y fiscalización cuando las causas migran del fuero de Familia al ámbito Penal.