La Fiscalía de Paraguay acusó este viernes por asociación criminal al expresidente Santiago Peña, al exjefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, a tres exdirectivos de esa entidad y al superintendente del sector, en el marco de la investigación por la intervención de Ueno Bank, institución que recibió millonarios recursos estatales durante el mandato de Peña.
El fiscal Christian Benítez explicó a la prensa que este nuevo cargo contra el exmandatario se suma a las imputaciones iniciales por lesión de confianza y administración en provecho propio, configurando una ampliación de la acusación fiscal. Según precisó, tanto la asociación criminal como la lesión de confianza se catalogan como delitos precedentes al lavado de activos, manteniendo una expectativa de pena de quince años de cárcel para el exjefe de Estado.
En la misma causa fueron imputados el superintendente de bancos de Paraguay, Holger Insfrán —detenido en la víspera durante un allanamiento a su domicilio—, y los exintegrantes del directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora, arrestados durante la jornada del viernes.
Reuniones reservadas y desvío de controles
La investigación atribuye a Santiago Peña haber utilizado su investidura para beneficiar a Ueno Bank, firma en cuyo grupo controlador mantuvo participación accionaria, facilitando la colocación de cientos de millones de dólares de fondos públicos en la entidad financiera.
“Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura”, consigna un acta del Ministerio Público citada por la agencia AFP.
De acuerdo con la tesis fiscal, el exgobernante encabezó una “estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal” para subordinar las fiscalizaciones del Banco Central a los intereses del Grupo Vázquez, controlador del banco. La imputación sostiene que Peña sostuvo “reuniones clandestinas periódicas” en la residencia presidencial con Federico Vázquez, presidente del conglomerado, impartiendo instrucciones para impedir la intervención de la entidad pese a las alertas sobre su insolvencia.
Peña fue destituido de la Presidencia la semana pasada tras un juicio político en el Senado por “mal desempeño de sus funciones”, quedando detenido horas después de su remoción.