El Gobierno del presidente Donald Trump avanza en el proceso para congelar y cancelar US$ 810 millones asignados por el Congreso de Estados Unidos para programas de asistencia a refugiados, iniciativas de inmigración y otras partidas que la administración considera “innecesarias o superfluas”.
A través de una notificación enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) detalló el uso de la denominada “rescisión de bolsillo”. Este mecanismo legal suspende la ejecución de los recursos durante un plazo de 45 días; sin embargo, al presentarse en la antesala del cierre del año fiscal (30 de septiembre), la falta de pronunciamiento del Capitolio provocará que los fondos queden cancelados de forma definitiva.
Programas afectados y duras críticas en el Congreso
Entre los recortes más significativos destaca la eliminación de US$ 567 millones destinados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), área que la Casa Blanca sostiene está “sobrefinanciada” ante la reducción de cruces fronterizos. Asimismo, la medida contempla recortar US$ 10 millones a la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias (MBDA) —alegando criterios raciales inconstitucionales— y cancelar US$ 25 millones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinados a programas alternativos a la detención y capacitaciones para la ciudadanía.
La maniobra presupuestaria generó un inmediato rechazo bipartidista en el Senado. La legisladora republicana Susan Collins tildó la acción como una “cancelación ilegal de asignaciones aprobadas por ley”, acusando a la OMB de retener los fondos intencionalmente durante meses. En la misma línea, el senador demócrata Jeff Merkley calificó la medida de “veto ilegal a partidas presupuestarias”, advirtiendo que vulnera la separación de poderes consagrada en la Constitución al arrogarse facultades exclusivas del Poder Legislativo.